batallones civiles», los artesanos, representados por el mueblista Manuel Polo, buscaron en todo momento mantener su autonomía frente al poderoso sector financiero representado por el banquero Emilio Althaus. La anterior toma de distancia analizada en el capítulo anterior se debió, probablemente, a un soterrado conflicto de clases. Durante los años de «la prosperidad falaz», a pesar de la evidente pobreza y desocupación urbana, el sector financiero obtuvo grandes beneficios económicos en el campo de la especulación363, los cuales no fueron ocultados y, por el contrario, se manifestaron a través de un comportamiento público extremadamente dispendioso364. Sin embargo, no fueron solamente los «signos exteriores de riqueza» los que provocaron las iras y las protestas de los exaltados y los desposeídos. La historia de la banca peruana fue tan sinuosa y controversial como la economía que la estimuló. Entre 1869 y 1872, la entrada del capital extranjero provocó un «boom» bancario temporal. En 1869 había solo tres bancos de emisión: dos hipotecarios y uno de ahorros. Sin embargo, en 1873 podían contarse dieciséis oficinas principales de bancos —13 emisoras, 2 hipotecarias y 1 de ahorros—, seis sucursales y cinco agencias (Quiroz, 1992, pp. 28-33; Camprubí, 1957). La política liberal que observaron los sucesivos gobiernos de la década de 1860 frente a la intensa actividad bancaria, más que deberse a una excesiva permisividad estatal tuvo su razón de ser en la ausencia de un proyecto de ley de banca aceptable entre las partes interesadas365. Lo anterior determinó, además de la gran proliferación de nuevos bancos, que muchos de los fraudes y corruptelas que ocurrieron durante esos años en el sistema bancario —la quiebra del Banco de la Providencia, por ejemplo— fueran adjudicados a la carencia de mecanismos estatales reguladores366. La ausencia de estos posibilitó, para muchos, la «dictadura financiera» de guaneros y banqueros (Quiroz, 1992, p. 30). En la medida que la crisis económica arreció, el «Estado Civilista» acentuó su alianza con la banca y asumió, como suyas muchas de sus decisiones e intereses. En setiembre de 1875, ante la falta de liquidez del Estado, la banca limeña prestó 18 millones de soles para cubrir el financiamiento del déficit y los gastos internos de la administración civil (Dancuart & Romero, 1902-1926, X, p. 267). Sin embargo, esta ayuda no fue desinteresada. Un mes antes del préstamo, y ante la disminución de los encajes bancarios y de circulación monetaria, el gobierno, escuchando el pedido de la banca, impuso el curso forzoso de papel moneda. Por otro 196
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