Ya desde los años de la administración Pardo los sectores «laboriosos» sufrieron con intensidad los embates de la crisis de la deuda, la cual estaba enmarcada, como hemos visto en el tercer capítulo, dentro de la depresión económica internacional de la década de 1870. Aunque para 1872, durante los últimos meses del gobierno del coronel José Balta, William Clarke, enviado especial de una fracción de los tenedores de bonos ingleses, hablaba del descontento social que reinaba en la población limeña como resultado del efecto combinado de la crisis y la devaluación, la agudización de esta situación se produjo durante la administración civilista. La urgente necesidad de cumplir con el pago de la deuda y el declive de la venta del guano en el mercado exterior, y como consecuencia de ello, la carencia de retornos, determinó la exportación del circulante monetario como principal medio de pago. La disminución del capital dinero generó, a su vez, la elevación de las tasas de interés y la contracción de las actividades de descuento. Por otro lado, la imposibilidad de seguir recurriendo al crédito externo obligó al Estado peruano a financiar sus gastos corrientes mediante la emisión de papel moneda. La medida anterior aumentó el circulante y empujó hacia arriba los niveles de los precios internos (Clarke, 1877; Bonilla, 1986, p. 173). El civilista Vicente Olivo, un comerciante arruinado que debía tres meses de alquiler y solicitaba a sus copartidarios una «contrata del vestido de celadores», comentaba que el mayor problema que existía en Lima en 1872 era «la falta de trabajo». Los hombres —afirmaba— andaban de «una parte a otra sin tener en qué ganar medio». Su propuesta al mal «incomprensible» del desempleo era la creación de un banco estatal. De esta manera, el confundido Olivo sugería que el Estado no solo lo ayudase, proveyéndole de una «contrata» de servicios, sino que regulase, mediante el intervencionismo, las fluctuaciones económicas que golpeaban los intereses de los más necesitados356. Los términos de la relación política planteada por Olivo, en la cual el Estado estaba obligado a proteger social y económicamente a los ciudadanos, debió ser una opinión común entre muchos de los que como él lucharon tempranamente por la causa civil. Así como Olivo, diferentes partidarios de todo el país clamaban por la ayuda inmediata del gobierno, aludiendo al deterioro de las condiciones de vida que la crisis de la deuda y del modelo exportador habían provocado en los sectores urbanos nacionales. Trabajadores parados, contingentes militares impagos, artesanos que se «morían de hambre» fue el difícil panorama social que le tocó administrar a la República Práctica357. Durante 194
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