diligente Bedoya, llegaban cartas «atizando la cuestión religiosa» y afirmando que como Pardo no era católico, intentaba clausurar conventos y traer profesores protestantes en sustitución de los frailes340. El gobierno tomó medidas inmediatas para contrarrestar la «bulla de beatas». La deportación de Masiá fue el primer paso y el segundo fueron las discusiones a alto nivel entre el ministro de Gobierno, José Eusebio Sánchez, y el padre Gual, para que llamara al orden a los «curas revoltosos» de Arequipa, Cuzco y Cajamarca. La pugna ideológica anterior fue una clara evidencia de las dificultades que tuvo que confrontar el civilismo para imponer su ideología. Es probable que dentro del ambivalente y complejo proceso anterior, el discurso católico, con su alto contenido de comunitarismo y cohesión, haya sido el escudo protector de los sectores conservadores contra los avances de una ideología políticoeducativa, que si bien tenía su expresión en espacios comunitarios, Guardia Nacional-Municipalidad-Escuela, propendía a desarrollar un individualismo y competitividad que no era del todo aceptado por ciertos sectores de la sociedad peruana341. La cultura política tradicional, que tuvo su expresión más depurada en el castillismo, encontró en los reductos más conservadores de la Iglesia a sus aliados naturales contra la ideología civilista. Conceptos tan poderosos en el imaginario colectivo peruano como «bien común», «conciliación nacional» o «familia peruana» ofrecieron tenaz resistencia a un discurso cívico-liberal propiciador de la individualidad, la autonomía y la crítica. La lectura cuidadosa del panorama nacional, en el cual la crisis socioeconómica arreciaba y las resistencias contra los intentos hegemonizadores del proyecto civilista se intensificaban, llevó a la cúpula del Partido Civil a reformular su estrategia política inicial, que se hizo clara en la transmisión presidencial de 1876. En esta, un militar, el general Mariano Ignacio Prado, tradicionalmente ligado a los núcleos civiles liberales, logró, con la avenencia del Ejecutivo, hacerse de la Presidencia de la República. La paradójica situación anterior —entregar la consolidación de la tarea reformadora a un miembro del Ejército—, además de poner de manifiesto las evidentes fracturas político-ideológicas que existían al interior de la coalición civilista, evidenció la contradicción de un comportamiento político que se había caracterizado, justamente, por establecer una clara delimitación de funciones entre civiles y militares342. Es probable que una de las razones de la ambivalente actitud anterior, apoyar al miembro de un sector social al que se había buscado remover del 178
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