civilista, privilegió el rol dominante de los universitarios bien educados, de modo que inculcó relaciones sociales diferenciadas dentro de la aparentemente democrática cultura cívica que se propiciaba. El sistema educacional, al establecer una división del trabajo entre actividades manuales e intelectuales —Escuela de Artes y Oficios para artesanos, Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas para burócratasintelectuales, por ejemplo—, tendió a reproducir o a recrear la tradicional distribución de capital cultural en lugar de alterarla335. Las credenciales educativas o el tipo y calidad de educación obtenida emergieron como los nuevos patrones del capital cultural. Dentro del esquema anterior los pobres en capital económico permanecieron generalmente pobres también en capital cultural y social (Bourdieu, 1977, pp. 487-511; 1991, pp. 43-65). Sin embargo, «los operadores ideológicos» del régimen como el maestro e impresor Márquez fueron encargados de crear, consciente o inconscientemente, la sensación de que en un «mercado» educativo libre era posible acceder a los nuevos símbolos del anhelado y novedoso status cívico-republicano. Si bien es cierto que la «República Práctica» intentó virar sus intereses al mundo de la eficiencia mediante la promoción de la educación técnica y manual, el control del Estado quedó, como en el pasado colonial, en manos de los «hombres cultivados». Esta contradicción pone en evidencia no solo uno de los múltiples y complejos aspectos de la urdimbre política, social, económica y mental que fue el proyecto civilista, sino la vitalidad de ese pasado antidemocrático que se intentó destruir con tanta intensidad. De un pasado más remoto llegaron, sin embargo, las críticas a los ambiguos esfuerzos modernizadores civilistas, cuyo vocero oficial fue el sector más conservador de la Iglesia y sus vanguardias: las «beatas» limeñas y provincianas desperdigadas en todo el país. Los conflictos entre el civilismo y la Iglesia se iniciaron muy temprano. Las primeras escaramuzas tuvieron lugar durante las elecciones presidenciales de 1871. En aquellas, los sectores reaccionarios católicos acusaron a Pardo de «rojo» y «masón» y de estar planeando el cierre de los conventos (Mc Evoy, 1994a, p. 86). En los primeros meses de la gestión civilista, el conflicto Iglesia-Estado continuó debido a una disputa alrededor del nombramiento de un obispo, que se había hecho sin tomar en cuenta la soberanía estatal (Mc Evoy, 1994a, pp. 234-239). Sin embargo, no fue hasta que la reforma educativa irrumpió en el tradicional territorio de la Iglesia que la soterrada pugna adquirió tonos preocupantes para la 176
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx