La política, de esta manera, se convirtió en una cuestión de abogados profesionales altamente especializados y promocionados mediante el patronazgo estatal. Con lo anterior se propició el desarrollo de una burocracia calificada, opuesta, en esencia, a las burocracias de favor de los regímenes previos. Los abogados, custodios tradicionales de la ley, serían los encargados, bajo la mirada atenta de Foderé, de forjar el concepto abstracto de soberanía y poder que a su turno permitiría la forja del «ciudadano republicano». Aquellos, arquitectos en «la alta y fría esfera de las ideas», tendrían la misión de colaborar en el dictado de «leyes justas y útiles» que terminarían con el reinado de «las pasiones ardientes»332. Los egresados de la facultad pusieron de manifiesto, en la calidad de sus trabajos y en lo intenso de sus labores académicas, la valoración que se daba en la nueva administración al mérito personal y al estudio. Fue, justamente por su calidad académica que en sus casi cincuenta años de existencia la facultad nutrió con sus especialistas al «empírico» aparato estatal peruano333. El estatus como parte de la nueva visión cívica estuvo irremisiblemente unido a la educación. El sofisticado edificio educativo del civilismo, coronado por su piedra más preciosa: la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, propició la reproducción del régimen. En aquel descansaron sus esperanzas de autoperpetuación y yacieron también muchas de sus contradicciones. Si bien es cierto que la educación masiva promocionada por la administración civil prometió un paraíso democrático de conocimiento y libertad, hubo una clara jerarquización y diferenciación entre las múltiples esferas del «campo intelectual» civilista334, en el que diferentes agentes con desiguales dosis de poder —maestros de escuela provincianos, artesanos asistentes a las Escuela de Artes y Oficios, profesores universitarios provincianos y limeños, escritores de textos escolares, académicos educados en el extranjero y cercanos a las altas esferas del gobierno, catedráticos de la Facultad de Ciencias Políticas, etcétera— compitieron por establecer lo culturalmente legítimo. El estudio de la dinámica interna de aquella disputa, que rebaza obviamente el campo de nuestro estudio, posibilitaría evidenciar la reproducción a nivel de lo simbólico del modelo político, policlasista-jerarquizado, implementado por el partido. La evidente hegemonización de la educación académica, puesta de manifiesto en la posición privilegiada de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, muestra cómo el sistema educacional, que emergió como producto de la dialéctica dentro del «campo intelectual» 175
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