activamente en la preservación y desarrollo de la «cosa pública» fue la Guardia Nacional, refundada por la administración pardista el 7 de noviembre de 1872. Esta era un elemento fundamental del ideal liberal que se remontaba a los años posteriores a la Independencia. Para el pragmático presidente Manuel Pardo aquella institución cívica representaba, en esencia, al «partido armado». En otras palabras, durante el régimen civilista la Guardia Nacional cumplió importantes funciones políticas, y por esa razón, a diferencia de previas administraciones, los nombramientos de sus jefes fueron hechos directamente por el gobierno313. Las vanguardias de los 16 batallones de la Guardia Nacional que se crearon en Lima y Callao estaban constituidas por los principales dirigentes civilistas, provincianos y departamentales314. En Lima, por ejemplo, destacaban, como jefes de la Guardia Nacional los dirigentes artesanales Ignacio Albán, Manuel I. Polo, José Zavalaga y Jean Isidro Grandjean; el comerciante y dirigente parroquial del Sagrario Carlos Alcorta; el bombero y futuro prefecto de Lima José Francisco Andraca; el comerciante y banquero Francisco de Paula Boza; el tipógrafo y dirigente parroquial de San Marcelo Enrique del Campo; el periodista y abogado Agustín R. Chacaltana; el salitrero, consignatario y banquero Aurelio Denegri; el banquero y minero José de la Riva-Agüero; los abogados y catedráticos de San Marcos, Ramón Ribeyro, Lorenzo García, Juan Lama, Manuel B. Pérez y Luis Felipe Villarán; el industrial textil Carlos López Aldana; el rico comerciante y contribuyente Ignacio Osma; el médico y profesor de Guadalupe José A. de los Ríos y el profesor de Guadalupe Manuel Marcos Salazar, entre otros más (Mc Evoy, 1994a, tabla I, afiliaciones). El ideal civilista de revitalizar la Guardia Nacional, haciendo soldados a «todos y cada uno de los ciudadanos», fue puesto de manifiesto en 1873 por el órgano periodístico afín al partido, La Opinión Nacional. En su revisión general de aquel año el diario limeño subrayó cómo el guardia nacional, «centinela de las públicas libertades y sostén de intereses sociales», era el hombre que pensaba y que por ello podía pasar «del cuartel y de la academia de oficiales» al «bufete, a la tribuna, y a la cátedra». En pocas palabras, el activo defensor de la República no era, como antaño, el nefasto «pretoriano» sino por el contrario, «el capitalista, el propietario, el comerciante, el abogado, el literato, el político, y el escritor» (Mc Evoy, 1994a, 110). Buenaventura Balbuena, partidario chinchano, reiteraba lo anterior subrayando cómo una reconocida moral, 170
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