ciudades del país. La irradiación de la ideología «ciudadana» no se circunscribió, sin embargo, solo a las zonas urbanas. La resolución suprema del 13 de marzo de 1874 dictaminó que la «Gramática y Diccionario Español-Quechua-Quechua Español», compuesta por José D. Anchorena, tuviera difusión nacional. Para lo mismo, el Estado asumió por cuenta propia una impresión de mil ejemplares para ser distribuidos en todo el país. Es probable que una obra como la anterior haya tenido como finalidad capacitar a los profesores en la tarea de traducir el mensaje ideológico del civilismo a los quechuaparlantes. Estos, prácticamente la mayoría del país, demandaban una labor de concientización que solo podía hacerse en instituciones como la escuela299. Veremos más adelante cómo el ejército pretendió ser transformado, también, en otro espacio de ideologización masiva. El ámbito donde los símbolos circularon profusamente fue básicamente la escuela. En esta el maestro jugó un rol importante al constituirse en el transmisor de la nueva ideología cívica. Sin embargo, la virtud cívica tuvo otros espacios cotidianos donde pudo gestarse y difundirse. Estos fueron la Municipalidad, el Ejército y la Guardia Nacional. En aquellos lugares de activa interacción social, el gobierno civil fomentó que el ciudadano participante, el soldado defensor de la civilidad, el trabajador productivo y la milicia ciudadana armada se autodescubrieran y fortalecieran. Así, en su discurso inaugural, Manuel Pardo hizo evidente que, a pesar de la seria crisis económica por la que atravesaba el país, su gobierno batallaría con todos los recursos disponibles por lograr llevar a cabo «la instrucción popular» en toda la República. Para el flamante presidente, defensor de aquella en su gestión de la Beneficencia y en la Municipalidad, «la educación de cada ciudadano» era la «condición de la verdadera grandeza de las naciones»300. Los anhelos de la administración, compartidos por muchos de sus simpatizantes, venían de antiguo. Numerosos núcleos intelectuales de adherentes, limeños y provincianos, habían sido parte de las ideas y esfuerzos de reforma educativa que circulaban por el país desde mediados de la década de 1840301. Aquel grupo, conformado principalmente por profesores universitarios y de colegios —también limeños y provincianos —, habían visto fortalecidas sus expectativas por la revolucionaria Ley de Instrucción de 1855, elaborada durante el cogobierno de Castilla y La Convención, y en la cual los liberales habían desempeñado un rol fundamental. La ley, aprobada por el gobierno de Castilla, no solo fomentó 166
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