irradiar sus efectos a todos los departamentos del Perú. Iglesias, desde el norte, y las fuerzas de Piérola, desde el sur, intentarían, como en tiempos de Balta y Díez Canseco, atenazar y someter a Lima288. Desde el momento en que «El Talismán» empezó a surcar aguas peruanas, a fines de octubre y principios de noviembre de 1874, el Congreso lo declaró fuera de la ley y denominó a la misión «un acto de piratería». Los «vulgares criminales» que se encontraban acogidos por una «bandera extraña» fueron interceptados el 2 de noviembre en Pacocha, por el buque de la armada peruana «Huáscar», comandado por un marino civilista, Miguel Grau. Lo anterior obligó a los ocupantes del barco rebelde a desembarcar apresuradamente con su caudillo en Moquegua, donde se apoderaron de los trenes del ferrocarril289. En Alto de la Villa, ante un auditorio de quinientas personas, Piérola, desafiando al gobierno civilista, se proclamó Jefe Supremo de la República e incluso nombró a un nuevo prefecto para Arequipa. En una de las varias proclamas que envió a «la nación», y que fueron profusamente publicitadas por el diario clerical La Sociedad, el «nuevo presidente» denunció la «sangrienta catástrofe» que estaban provocando los «mercaderes sin conciencia» quienes promovían una política que excluía «todo camino noble, franco y generoso»290. En pocas palabras, Piérola se quejaba amargamente de cómo el partido gobernante, apoyado por importantes sectores financieros y comerciales limeños, había marginado totalmente de los goces del poder al grupo de caudillos regionales, representados por el exministro de Balta. La respuesta política de la administración civil al movimiento subversivo fue el proyecto de ley que expidió el Congreso el 6 de noviembre de 1874, en el cual se brindó al «Ejecutivo de todos los elementos necesarios para reestablecer el orden constitucional» y se declaró «traidores a la patria» a Piérola y a sus seguidores. El proyecto estipuló, asimismo, junto con la suspensión de las garantías individuales, que todos los empleados públicos y militares que formaran parte en la insurrección fueran dados de baja y privados de sus goces291. La respuesta militar, por otro lado, fue el envío al sur desde Lima de efectivos del ejército y la Guardia Nacional, con la finalidad de batir a los rebeldes. Aquellos fueron comandados por el mismo presidente de la República, Manuel Pardo, quien partió el 17 de noviembre a la zona insurrecta y delegó temporalmente el mando supremo a su vicepresidente, Manuel Costas. Si bien es cierto que Pardo intentó un acercamiento con «los descarriados que vuelvan con tiempo», también estaba decidido a utilizar 161
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