El concepto de «Estado-Nación Civilista» aglutinó, en consecuencia, tan solo a los grupos que aceptaran el nuevo modelo político que se intentaba imponer. Una muestra del radicalismo que exhibió el gobierno frente a «los caídos» fue el juicio que se inició, a los pocos meses de la inauguración presidencial, contra los miembros de la administración Balta y que incluyó al ex secretario de Hacienda, Nicolás de Piérola. El pomposamente publicitado «gran proceso nacional de la administración Balta en el Perú», iniciado por un grupo de congresistas sureños, atizó el fuego de la oposición y desencadenó la revolución que «con más elementos materiales» hubo contado el país285, la cual puso en jaque al régimen civil por algunos meses. El 26 de octubre de 1874, cuarenta y siete conjurados, encabezados por Nicolás de Piérola, iniciaron una aventura subversiva contra el régimen civilista, que «entre pintoresca y dramática», costó cinco millones de pesos al erario nacional. La revolución pierolista contó con el apoyo de importantes caudillos regionales, como el hacendado cajamarquino Miguel Iglesias y el militar cusqueño Andrés Segura, quienes vieron peligrar su poder debido al avance y consolidación del «Estado Civilista». La «saga» revolucionaria en la que participaron muchos «caídos» tuvo su punto de partida en el puerto inglés de Cardiff, desde donde zarpó una nave mercante adquirida por los rebeldes, «El Talismán». Esta, comandada por el capitán inglés Haddock, fue apertrechada en Chile con 110 bultos de armas, ropas y municiones. En Talcahuano, puerto al sur de Santiago, se embarcaron, además de armamento, el «califa» Nicolás de Piérola, el coronel Federico Larrañaga, el teniente coronel Vicente Escobar, el sargento mayor Manuel César Alvarado, el capitán Manuel Lorenas, el mayor Luis Ricardo Yrigoyen, entre otros más286. Según las malas lenguas, el capital para la empresa revolucionaria olía a guano y provenía de «especuladores europeos», quienes intentaban desestabilizar al régimen civilista. El nombre del consignatario y financista francés Augusto Dreyfus, favorecido por Piérola durante su gestión de Hacienda con el monopolio guanero, fue mencionado como el de uno de los probables «socios capitalistas» de la expedición287. El destino final de los conjurados eran los puertos costeros del Perú. Desde ahí planeaban lanzar proclamas para conseguir adeptos a su causa. La toma de la ciudad de Arequipa, punto crucial de la estrategia insurgente, permitiría a los alzados el control de una zona importante del país. En la tradicional «ciudad revolucionaria» desencadenarían una insurrección, capaz de 160
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