remuneración no era muy buena y la labor no era bien vista, los riesgos eran altos269. En Arequipa, por ejemplo, el cuerpo de celadores debía confrontar no solo los usuales problemas que daba la «gente perdida», vagabundaje, borracheras y robos, sino el permanente estado de intranquilidad y conspiración que vivía la ciudad sureña. El incremento de dicha situación durante la administración civil determinó el crecimiento de la población penal270. Una de las causas del incremento de la intranquilidad en las ciudades del país se debía, según el oficial del cuerpo Simón Bedoya, a que el gobierno civil había cortado «los medios de abuso que tenían» los antiguos detentadores del poder271. La pérdida del principio de autoridad —subrayada por el prefecto de Moyobamba, José Miguel Ríos— era otra de las razones de los desbordes citadinos y de lo dificultoso de la tarea policial. «Una simple medida de policía» conducía, en palabras del moyobambino, a que se hiciera «una poblada» que significaba, básicamente, la desobediencia general de las leyes emitidas por la autoridad política272. En algunos pueblos como Pomabamba, en Áncash, el respeto por la ley y la autoridad estaba tan minada que era posible ver al alcalde distrital proclamarse «jefe de estado de Piscobamba» e incluso nombrar «ministros y demás subalternos»273. El cuerpo de celadores tuvo como tarea primordial enfrentarse con todos los sectores descontentos con la nueva administración e imponer paralelamente el respeto por la ley emanada del gobierno central. Esta, a pesar de lo estipulado en la legislación policial, no era del todo asequible a los cuerpos encargados del control social274. En muchas oportunidades, los «caídos» dirigían «sus trabajos» hacia los celadores, a quienes sobornaban e incluso infiltraban. Es por ello que la doble misión de prefectos y subprefectos fue, además de estar atentos de las actividades de los «descontentos», estrechar la vigilancia sobre los vigilantes275. En las áreas rurales, el batallón de gendarmes realizaba una tarea similar a la del cuerpo de celadores. En Puno, aquel estaba a cargo de José Casapía, dirigente provinciano del Partido Civil que inició su tarea de control social con un contingente de 180 hombres, que para marzo de 1873 había llegado a 300. En mayo del mismo año, el cuerpo de gendarmes puneños alcanzó la cifra record de 390 hombres. Al igual que los jefes de celadores, el oficial Casapía debió lidiar con los constantes peligros de infiltraciones y sobornos a sus oficiales subalternos por parte de los sectores que conspiraban contra el régimen civilista276. Fue justamente 157
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