La utopía republicana

Padilla —subprefecto de Jauja— o el diputado puneño José Mariano Béjar —subprefecto del cercado de Puno— también exhibieron experiencia congresal263. El nexo entre las autoridades prefecturales y los núcleos parlamentarios fue evidente. Bruno Bueno, prefecto de Ica, fue diputado por Chota en el Congreso de 1862 y sirvió como funcionario gubernamental durante la gestión hacendataria de Manuel Pardo en la Aduana de Trujillo264. En Arequipa, el poder prefectural fue delegado a Juan Corrales Melgar, exdiputado por la provincia de Arequipa en el Congreso de 1867 y dirigente activo del partido durante la campaña electoral de 1871. Los subprefectos a cargo de los gobiernos provincianos eran, como mencionamos, partidarios nativos de la zona encomendada. Norberto Padilla había sido un puntal importante de la campaña en Jauja, al igual que José Mariano Béjar en Puno y Manuel Cáceres en Chota265. La tarea esencial de prefectos y subprefectos fue el mantenimiento del orden y la seguridad pública en todos los departamentos y provincias del país y la reconstrucción de un principio de autoridad, que se encontraba sumamente deteriorado. Las zonas más difíciles de controlar debido a la población flotante recién instalada o a una tradición conspirativa fuerte fueron Lima, Arequipa, Lambayeque, los pueblos en la línea del ferrocarril de La Oroya y la región sureña compuesta por las provincias de Tarapacá, Iquique y Pisagua. Para conseguir imponer el orden y la autoridad, los representantes civilistas contaron con el apoyo de una rama del ejército: la policía. La organización de esta importante entidad, encargada de la seguridad del país, se llevó a cabo de acuerdo con la ley del 31 de diciembre de 1873. El organismo policial estaba compuesto por el cuerpo de celadores en las ciudades y de gendarmes en las zonas rurales. Simón Bedoya, oficial de celadores de Arequipa, tenía bajo su comando a un grupo de «cholos» arequipeños que habían trabajado arduamente «para la candidatura» de Pardo266. El número de celadores en cada provincia variaba de acuerdo con las necesidades. En Iquique, por ejemplo, constaba de cuarenta hombres y en Cusco, de cien267. Algunos miembros del partido, como el arequipeño Manuel Benavides, aconsejaban tener en cada departamento «una fuerza de celadores movilizables» y otros, como el chotano Manuel Cáceres, sugerían —como garantía de mayor seguridad— que los miembros del cuerpo de celadores no pertenecieran a la zona donde prestaban servicios268. En efecto, ser celador no era tarea fácil; aparte de que la 156

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