como los revoltosos del Castillo, sino con los sectores más productivos del país. La presencia activa en el partido de hacendados con mentalidad capitalista —como Demetrio Olavegoya, los hermanos Valladares, Antonio Araoz, Carlos y Jesús Elías, Enrique Canaval, José Boza, José María Sancho Dávila, entre otros— pone de manifiesto la tónica de la alianza urbano-rural que se gestó259. Es por lo anterior que es plausible afirmar que el proyecto civilista cooptó a los grupos rurales más modernos, con la finalidad de construir una política nacional, en la cual el poder sería compartido entre las vanguardias económicas urbanas y los sectores terratenientes comprometidos con la modernización y la democracia. Es obvio que muchos de los hacendados que se adscribieron al proyecto deben haber visto con cierto reparo y desconfianza aquel último concepto (Trazegnies, 1987). Sin embargo, en aras de lograr una institucionalidad política y la unificación de los mercados que esta traería, resulta factible opinar que se haya producido cierto reciclaje ideológico en las «tradicionales» élites rurales. El pacto Lima-élites provincianas podía crear las bases de un parlamento nacional sólidamente constituido que, además de contribuir al fortalecimiento del Estado en zonas controladas por los poderes locales tradicionales, colaboraría en el ingreso del capitalismo en el mundo agrario260. Si bien es cierto que este fue el diseño del pacto político a nivel de las altas esferas del poder, veamos cómo este se tradujo en la realidad cotidiana del gobierno local y cuáles fueron los condicionamientos que pusieron freno a su implementación. Las maquinarias electorales, armadas con sumo cuidado y preparadas durante catorce meses de campaña, fueron la base de donde surgió el aparato estatal que el Partido Civil buscó consolidar. La misión principal del «Estado Civilista» fue retomar los espacios políticos que se encontraban en manos de antiguos aliados de Castilla, Echenique y Balta, o de familias provincianas prominentes. La tarea de consolidación estatal fue, en consecuencia, difícil y extenuante. Para la labor de organización política nacional jugó un rol importante la red de prefectos y subprefectos civilistas que se enlazaron con Lima mediante el correo y telégrafo, y entre ellos mismos. El prefecto, usualmente un elemento muy cercano al partido o al presidente, debía tener cierto arraigo en la zona encomendada. En ciertos casos, era un militar, un diputado por el departamento o un funcionario de carrera en la administración pública261. El subprefecto, por otro lado, era elegido entre los jefes partidarios de cada provincia262. Algunos de los anteriores, como el diputado convencionalista Norberto 155
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