«contener una crisis» socioeconómica de efectos «impredecibles» y permitiría a la administración remontar el difícil y decisivo 1873, descrito por el presidente como «el año más difícil quizás de la historia del Perú», cuya característica especial era la carencia de ingresos del guano como entradas de la tesorería251. Así, paradójicamente, el fatídico fantasma que rondó la cabeza de muchos peruanos en la década de 1860 logró corporizarse durante la administración de uno de sus enemigos más encarnizados. La desestructuración del modelo de desarrollo exportador guanero, que determinó la caída vertiginosa de las finanzas públicas peruanas, tuvo lugar durante los decisivos años en los que el civilismo luchaba por construir un proyecto estatal renovador. Durante esos años fue tal el apremio fiscal que vivió el país, que el presidente, incluso, sugirió a su comisionado financiero «excitar el patriotismo de los peruanos residentes en Europa» para que sacaran adelante el empréstito. Aquellos, mayormente ricos guaneros con residencia permanente en París, tenían, según Pardo, los medios adecuados para ayudar. El auxilio no debían hacerlo, sin embargo, solo por el país, sino «por sus propios intereses»252. Como era de esperarse, la ayuda de la élite guanera peruana nunca llegó. Por ello, y por lo dificultoso y prolongado de la negociación del nuevo empréstito, fue que, para remontar la crisis, la administración hubo de apelar al frente interno. En el complicado tablero del frente nacional la administración civilista movió dos piezas importantes: el apoyo de la banca nativa y la estatización del salitre. La crisis motivó que el Estado, en medio de las dificultades del mercado mundial de capitales, asumiera el recurso de la deuda interna como fuente de financiamiento de los déficits de la contabilidad fiscal. En la crisis se estableció, en consecuencia, una correlación estrecha con el controlismo del Estado en materia bancaria y comercial, más cierta protección al «sector industrial», principalmente textil (Tantaleán, 1983, p. 232; Gootenberg, 1993, p. 157). En setiembre de 1875, la administración recurrió a la banca privada nacional en busca de préstamos. La suma requerida, 18 millones de soles, se destinó al financiamiento del déficit y al pago de varias obligaciones pendientes (Bonilla, 1986, p. 172). Es probable que dentro de los acuerdos que negoció el gobierno con los banqueros locales haya tenido un peso decisivo el próximo movimiento audaz de la administración civilista: la estatización salitrera, en la cual la banca peruana debía desempeñar un rol fundamental. 151
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