cuenta y su distribución, el acondicionamiento físico de su territorio (desde la infraestructura de servicios hasta el uso del espacio), etcétera. Por lo desarrollado hasta el momento, parece claro que la libre intervención de los diferentes actores urbanos puede generar conflictos de intereses irresolubles, de no contarse con un gobierno local que intervenga regulándolos. Las tendencias dinámicas de la ciudad resultan muchas veces contradictorias, lo que genera enfrentamientos entre los diversos actores urbanos. Estos actores urbanos esperan que la MML, como actor urbano privilegiado, proponga (o imponga) reglas de juego entre ellos. Por supuesto, cada uno querrá que estas reglas se adapten a sus intereses específicos. La MML debe diferenciar entre las tendencias beneficiosas para la ciudad en su conjunto (o por lo menos que no son perjudiciales) y aquellas otras que la afectarían negativamente. La intervención no regulada de los actores urbanos, cada uno poniendo en juego los mecanismos de que dispone, generaría el caos. La definición de qué es beneficioso y qué es perjudicial para la ciudad se encuentra condicionada, adicionalmente, por la formulación de cuáles son los sectores sociales que el gobierno local considera prioritario atender. Tal formulación es política, y esto explica que dicho gobierno sea elegido por los ciudadanos. Al elegir un particular gobierno municipal, el habitante de la ciudad elige una particular tendencia; espera, por lo tanto, realizaciones concretas en función de ella. Lo que percibe el habitante de la ciudad son una serie de problemas que dificultan el desarrollo de sus actividades y afectan las condiciones en las que vive. Percibe así a la MML como un gobierno que debe solucionar estos problemas. Para el ciudadano, la MML es (o debería ser) el actor urbano que defiende sus intereses. Llegamos a la conclusión de que la MML no puede limitarse al papel de árbitro entre intereses contrapuestos, sino que debe constituirse en un actor urbano que piense en la ciudad globalmente, y que actúe sobre la totalidad en función del interés general. La gradual afirmación del poder local y el consiguiente control de los mecanismos legales, institucionales y presupuestales para ejercerlo constituyen un proceso histórico. Las elecciones municipales a partir de 1980, las gestiones sucesivas de Eduardo Orrego y Alfonso Barrantes, la 102
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