En última instancia, es posible afirmar que todos somos, de un modo u otro, actores urbanos. Pero hay quienes tienen, como lo estamos viendo, una intervención más consciente, organizada, sistemática y transformadora del espacio, además de necesidades específicas e intereses específicos. Estos actores urbanos proceden basándose en estos intereses, es decir, en función de los beneficios que consideran indispensables para satisfacer sus necesidades. Buscan «la suya», en el buen o mal sentido del término, en la ciudad. Entre estos tipos de actores urbanos se desarrollan diversas relaciones de gobierno —o de poder— en instancias como oficinas municipales, organismos estatales, organizaciones vecinales, asociaciones de pobladores, etcétera. Parte central de la actual dinámica de transformación urbana consiste en la articulación entre los intereses que representan estos actores urbanos o, en muchos casos, en su abierta confrontación. En este panorama, ¿cuál es la ubicación de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) como actor urbano? ¿Cuáles son sus intereses específicos y cuáles los mecanismos de los que dispone para lograrlos? Parece claro que la MML, como actor urbano, no debería tener lo que estamos entendiendo como intereses específicos. Su interés inmediato y único sería la ciudad en su conjunto. De acuerdo con esta concepción, la MML no es un actor urbano particular sino un actor urbano público, cuyo interés es lograr el bien general. Sin embargo, el Estado —y, concretamente, las instancias que dependen del gobierno central y del gobierno municipal— es motivo permanente de confusión, complicación burocrática e incluso equivocado escenario de confrontaciones políticas. Siendo Lima la capital de un país con un Estado fuertemente centralista, estas interferencias resultan explicables aunque no justificables. Ante la presencia excesiva del gobierno central en la vida urbana, la afirmación de la MML como auténtico gobierno local resulta siendo condición imprescindible para su funcionamiento como actor urbano privilegiado, cuyo interés se sustenta en el concepto de bien general. El gobierno central toma las decisiones generales con respecto al país en su conjunto; no norma la ejecución de políticas específicas con respecto a cada región y cada ciudad. Esto último corresponde a los gobiernos locales. Es importante insistir en ello porque una ciudad tiene un conjunto de problemáticas que constituyen una instancia específica en la estructura general del país: su organización social y económica, los recursos con que 101
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