modelo político más avanzado obligaría, y ayudaría, a las estructuras sociales y económicas a evolucionar más velozmente; la aplicación del modelo republicano sería la chispa que promovería la modernización de una sociedad de antiguo régimen y removería los defectos que hasta el momento habían lastrado el avance del Perú hacia los niveles de vida superiores o más admirados en el mundo. Un crudo y desapasionado examen del país en el amanecer del siglo XX, casi un siglo después de los debates de la época de la independencia, daría la razón más a los primeros que a los segundos, pero es interesante ver que ambas predicciones en cierta medida se cumplieron. La estrechez de lo que podríamos llamar la «base demográfica ciudadana» (vale decir, la población adulta con propiedad reconocida, ilustración e interés en los asuntos públicos), la dificultad de comunicarla con rapidez y de propiciar así consensos y acuerdos, y la carencia de cuadros burocráticos suficientes para surtir al gobierno de personal especializado en las distintas tareas que le competían bajo el nuevo modelo hicieron que el sistema republicano, en el que cualquiera debe poder ser capaz, en un momento dado, de fungir como gobernante o representante político, no fluyese ni sentase las bases para la rápida extensión de la ilustración y la prosperidad, como era su promesa. La república se convirtió en un sistema por el cual solo una minoría accedía al poder, y aprovechaba esta exclusividad para sacar ventajas económicas personales y de grupo. Sea que se decidiera que votasen todos, como rezaba la Constitución de Cádiz, que fue el modelo en que, como en el resto de América hispana, se inspiraron las constituciones peruanas; sea que se optara porque votasen solo los ilustrados; el resultado no difería mucho: frente al gobierno no se erigía una masa fiscalizadora que lo obligase a respetar sus límites y guardar respeto por un programa de ideas o promesas. La solución, a la que se arribó por defecto, fue hacer del ejército la fuerza, ya no solo tutelar sino también ejecutiva de la nación. Gracias a la inversión que el régimen de los Borbones había hecho en la formación de los oficiales militares, peninsulares y criollos, y debido a la naturaleza misma de su labor, estos tenían un grado de instrucción aceptable y un interés mayor que el del habitante promedio por los asuntos públicos. En relación con el elemento civil, los militares tenían además otras ventajas y cualidades: contaban con una red de apoyo humano y logístico que les venía dada por el propio ejército, institución que a su vez tenía sobre ellos un grado de control, llamémosle también tutelar. La «república pretoriana» que dominó el Perú 259
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