empresa conformada por los principales bancos de Lima, asociada con el Estado. La Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos inició sus acciones en 1896 y llegó a desplegar una tupida y poderosa red de agentes en toda la república, que puso en jaque al gamonalismo y fue eficaz en dotar al gobierno de los ingresos necesarios. El Banco Italiano fue el primero que se fundó en Lima después de la guerra. Abrió sus puertas en 1889 con la finalidad de servir de mercado financiero entre la activa colonia italiana de Lima y el sur chico. En la década de 1890 se fundaron otros bancos, como el Popular (del grupo Prado) y el Banco Alemán Trasatlántico. Para los bancos la recaudación de impuestos era un excelente negocio, porque les permitía acceder a un capital de trabajo, al tiempo que los proveía de información económica valiosa para sus operaciones financieras. Con el tiempo, no solamente el gobierno central recurría a esta compañía, sino que también fue contratada por los concejos departamentales y municipales para la recaudación de sus impuestos. La compañía llegó a convertirse en un monstruo, dijo en 1914 el ministro de Hacienda, Baldomero Maldonado, al señalar que recaudaba prácticamente la mitad de los ingresos del Estado. En la década de 1920 fue estatizada por Leguía, que la convirtió en la Caja Nacional de Depósitos y Consignaciones. Uno de los productos gravados con el impuesto al consumo fue, como dijimos, la sal. Para controlar mejor su comercialización esta fue estancada y se estatizaron los yacimientos de la república. Estos eran las salinas de Huacho, Pasco, Cusco y otros pocos lugares. El objetivo del estanco de la sal fue reunir los diez millones de pesos exigidos por el Tratado de Ancón para el rescate de las «provincias cautivas» de Tacna y Arica. En 1894 se había cumplido el lapso de diez años desde la ratificación del tratado, pero el plebiscito no se llevó a cabo, ante la exigencia de Chile de que para su ejecución el Perú debía empozar la garantía de los diez millones de pesos. El impuesto de la sal cobraba así los ribetes de una contribución «patriótica», que permitiría redimir una parte de las pérdidas territoriales. Hubo, sin embargo, rebeliones sociales provocadas por el impuesto. En el departamento de Ayacucho y algunos otros lugares, grupos indígenas se habían especializado en el trabajo y el comercio de la sal. Otra vez se repetía en pequeño lo que pasó antes con el salitre: el Estado desalojando a empresarios privados que habían conformado organizaciones y formas de ganarse la vida, a fin de dotar de ingresos al fisco. La rebelión de la sal cobró caracteres violentos en Huanta, una provincia situada al norte del 246
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