tuvo como protagonistas a un amplio abanico de productos agrícolas y mineros. LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Entre las reformas que el gobierno se vio obligado a emprender en la posguerra figuró la del sistema fiscal. Desaparecidos los estancos del guano y del salitre, era imperioso crear nuevas fuentes que surtiesen al tesoro público de ingresos suficientes, a la vez que ajustaran el nivel de gasto a la magnitud de las entradas. Esta tarea correspondió sobre todo a los gobiernos de Iglesias (1883-1885) y Cáceres (1886-1890), quienes debieron encarar la difícil tarea de reducir un presupuesto de la república que en la década de 1870 había significado más de treinta millones de soles como ingresos ordinarios (vale decir, sin contar los préstamos del extranjero), a más o menos una quinta parte. La mayor parte del gasto ordinario de 1870 eran transferencias, más o menos graciosas, hacia oficiales de las fuerzas armadas, pensionistas y personas favorecidas por algún montepío o pensión de gracia del Estado. Lo bueno era que estos pagos, al no implicar en la práctica un trabajo o producto en retorno, podían ser anulados sin mayor impacto para la vida cotidiana que el empobrecimiento y resentimiento de los perceptores de dichas rentas. No se suprimieron servicios que antes se daban, salvo en el caso del Poder Judicial, donde la falta de pago a los jueces determinó que los juzgados de primera instancia y las propias cortes superiores de las capitales departamentales permaneciesen cerrados a lo largo de la década de 1880 y buena parte de la siguiente. El estamento militar, que antes consumía más o menos la mitad del gasto ordinario y estaba lleno de oficiales «indefinidos» (es decir, con rango y salario, pero sin colocación), debió ajustarse a un cuerpo de solo tres mil hombres (habían sido unos siete mil antes de la guerra), con sueldos que en promedio fueron rebajados en 40%, como se redujo a todos los altos funcionarios de la república, comenzando por el presidente de la república y sus ministros (los congresistas no percibían un sueldo, sino unas dietas por los días de sesión). También se cerraron embajadas en el exterior, se redujo el cuerpo de gendarmería y se dejó de apoyar a muchos establecimientos que antes fueron sostenidos por el Estado. De estos recortes se salvó la Escuela de Ingenieros, por la necesidad que había de sus servicios para la explotación 240
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