desentenderse de la deuda y decirles a los ingleses que le cobren a Chile. ¿No se había quedado este país con el guano y el salitre? ¿No les habían ayudado los ingleses a ganar la guerra? Este argumento sonaba bien en el hemiciclo del Congreso y en los balcones de las plazas, pero arrastraba varios problemas prácticos: 1. nos volvería dependientes de Chile, quien de asumir el pago de la deuda se sentiría con derechos sobre los ferrocarriles y otras obras públicas construidas con el dinero de los préstamos; y 2. significaría una permanente espada de Damocles sobre el país, que podía ser invadido militarmente o sancionado por Gran Bretaña, que podría haber ordenado, por ejemplo, la incautación de las exportaciones peruanas apenas arribasen a algún puerto europeo. Aunque en el corto plazo el repudio de la deuda contratada por Balta-Piérola podía tener buenos resultados, en el largo plazo iba a complicar severamente la reconstrucción de la economía. Otro grupo era, por ello, partidario de alcanzar un arreglo con los tenedores de la deuda británica. Se trataba no tanto de líderes políticos, sino de hombres de negocios, preocupados de que la incertidumbre en torno a la deuda perjudicara el despegue de las exportaciones, el arribo de nuevas inversiones y la posibilidad de préstamos del exterior. Las nuevas exportaciones requerían capitales y mano de obra que en el país no existían. Desde 1885 los acreedores de la deuda se agruparon en un sindicato y, apoyados por los representantes del gobierno británico en el Perú, comenzaron a presionar por el reconocimiento de la deuda, lanzando algunas propuestas imaginativas. Una de ellas consistía en la entrega a los acreedores de los ferrocarriles construidos con el dinero de los préstamos por un periodo de tiempo que les permitiese recuperar el capital; a dicha entrega se añadirían cesiones como la de tierras, exoneraciones tributarias para sus negocios y algunas demandas adicionales, que incluían el puerto y la aduana de Mollendo, hasta donde llegaba el único ferrocarril concluido, la libre navegación por el lago Titicaca y el pago en efectivo de una moderada cuota anual de ochenta mil libras esterlinas, supuestamente ajustada a las posibilidades del país. Tales pretensiones levantaron un tormentoso debate. Cuando el gobierno de Cáceres dio señales de aceptar un acuerdo en la línea de lo propuesto por Michael Grace, el representante de los acreedores, la oposición política, personificada básicamente por el Partido Demócrata y el Liberal, señalaron que ello sería una afrenta a la dignidad y la soberanía del Perú. ¿En qué tipo de país iba a convertirse el Perú si cedía bienes estratégicos 236
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