Margarita Zegarra Flórez 399 política de las áreas no urbanas y no costeñas del país, a la par que la explotación indígena se había exacerbado. La reforma electoral de 1896 había establecido el voto alfabeto y en sufragio directo, impulsando el centralismo político costeño y limeño, en perjuicio de las mayorías indígenas (mayoritariamente iletradas) 28. La mayoría de la población indígena estaba más lejos que antes de la ciudadanía real y formal, al haber sido privada, por un Estado que aspiraba a modernizarse, del derecho al sufragio y de su condición de contribuyente29. La contribución personal indígena, abolida en 1895, dio paso al surgimiento de mecanismos pre capitalistas como el enganche, con el que los empresarios agrícolas y mineros de las áreas de la economía moderna buscaron proveerse de mano de obra. Por otro lado, el alza del precio internacional de la lana (décadas de 1910 y 1920) y la nueva demanda del caucho, dieron lugar a formas de explotación extremas en la sierra sur y la selva, respectivamente, con la connivencia de los políticos modernos de la costa. Como muestran las denuncias publicadas en El Deber Pro-Indígena, en todo el país las poblaciones indígenas del país sufrían atropellos, explotación y se veían forzadas por el Estado a la conscripción militar y a los trabajos públicos. A estos factores nuevos se sumaba la difusión, desde fines del siglo XIX, de la idea científicamente prestigiosa de la superioridad racial de la raza blanca30, en base a la cual tanto la élite tradicional como sectores de la propia élite modernizadora legitimaron sus privilegios. Algunos intelectuales positivistas de la élite, conceptuaron a la población indígena como una raza inferior por la ley de la herencia, la que introducía en ella factores atávicos que la convertían en una perniciosa influencia sobre el “carácter nacional”. Cinco años después de publicado Aves sin Nido, el prestigioso catedrático sanmarquino Javier Prado escribió que la “raza indígena” traía una herencia difícilmente modificable, por lo que había “impotencia del progreso ante la fuerza repulsiva de una civilización paralizada y de un pueblo agotado por el sufrimiento”31. Los planteamientos racistas encontraron eco en la mentalidad jerárquica de las élites, aunque al entrar el siglo XX sus intelectuales moderaron su racismo radical, para no eliminar la posibilidad de un destino nacional para el Perú32. Entonces Javier Prado señaló, esperanzado, que sí había una fuerza capaz de transformar la herencia racial, y ésta era la educación33. La lectura de El Deber Pro-Indígena muestra un evidente predominio de Puno frente a otras zonas del país, en el ejercicio de la denuncia. Ello se explica por tratarse de una zona lanera, pero también por contar con un importante aprendizaje previo, el que propició entre 1867 y 1871 la “Sociedad Amigos de los Indios”, lo que posiblemente influyó sobre la capacidad organizativa y de denuncia que mostraron los líderes cuarenta años más 28 Chiaramonti (1995: 315-346). 29 Ibidem: 346. 30 Portocarrero considera que el desarrollo de esta ideología en Europa, constituyó una reacción antiigualitaria ante el avance de las ideas de libertad y democracia. Tenía como supuestos la existencia de diferencias sociobiológicas, entre los grupos Humanos, Lo Que En El Perú Legitimó La Marginación De La Población Indígena. PORTOCARRERO (1995: 219-259). 31 Montoya (2003: 100). 32 Portocarrero (1995). 33 Montoya (2003).
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