40 Sara Beatriz Guardia públicos. Las tierras indígenas fueron, sin embargo, demarcadas, pero eso ocurrió bajo presión internacional y de recursos externos para pagar los servicios de equipos o expertos. En ese sentido, se entiende por qué la mayoría de las tierras homologadas están situadas en la Amazonia legal, área prioritaria para apoyos de las agencias multilaterales de cooperación, responsables por aportes "nancieros. Desde el punto de vista de la comunidad de antropólogos, en particular, se abrió una especie de campo de trabajo asociado con el “activismo”, tanto en el mercado de proyectos a través de fondos públicos cuanto de cooperación internacional, que ayuda a comprender un poco el proceso de despolitización de la época anterior. La fragmentación típica de ese proceso de onguización de los movimientos se articuló bien con la característica de los pueblos indígenas, si bien consideramos la existencia de docenas de etnias y lenguas, dispersas en el vasto territorio, y tuvo como problema mayor, en mi visión, la retomada de las pautas políticas del tema de la tierra. Esta es una observación muy importante, que se relaciona con varios factores políticos y teóricos y no solo con los movimientos indígenas, ni exclusivamente con el indigenismo situado a su alrededor. Retornaré a este tema más adelante. Los inicios del siglo XXI La elección de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, en 2002, fue un acontecimiento muy festejado por la mayoría de los movimientos populares, desde el MST hasta el sindicalismo combatiente y autónomo de aquel entonces. La trayectoria de su principal líder, candidato a la presidencia desde los años de la apertura democrática y en la campaña por las elecciones directas, en 1984, estuvo visceralmente articulada con la historia del Partido dos Trabalhadores (PT) y de la CUT. Su llegada al poder fue, sin embargo, posibilitada por una alianza con el Partido Liberal, y una modi"cación signi"cativa en el proyecto propuesto para aquel entonces, expresado en un documento titulado Carta a los brasileños, de junio de 2002. De hecho, es importante considerar que, en aquel entonces, el PT y la CUT hegemonizaban el campo de los movimientos sociales de cariz popular (sindicatos, campesinos, movimientos de mujeres y feministas, afrodescendientes e indígenas, paci"sta y ecológico, entre otros). Se crearon secretarías especiales para tratar temas populares, como es el caso de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de políticas para la inclusión racial y el Ministerio de las Ciudades. Y, de una manera general, en los primeros meses estos órganos fueron espacios creativos y promisores de ejecución de los derechos constitucionales progresistas: reforma urbana, derechos de las mujeres, control de transgénicos y pesticidas, demarcación de tierras indígenas y cimarrones, reforma agraria, con la participación de los movimientos en las decisiones. Sin embargo, rápidamente las propuestas
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