En este marco, la reforma del Estado se convierte en un imperativo para los países latinoamericanos. Un Estado que posibilite la participación popular y que pueda coexistir con las transnacionales capitalistas, con un proyecto nacional y una sociedad altamente participativa en las decisiones que más le atañen. Un Estado democrático interventor en la economía, especialmente de los trabajadores y abierto al control popular15. Lo que implica profundizar lo que Pablo González Casanova llama democracia emergente, es decir, una democracia participativa, popular, con la propuesta de un desarrollo nacional y regional en el actual contexto de la globalización. Un Estado que descanse, cito a González Casanova, “en un poder de las mayorías, un poder que sea pluralista, que sea respetuoso de las ideas de los demás, que sea respetuoso de las variaciones políticas, de los universos ideológicos y que aproveche todas las experiencias anteriores del proyecto democrático y de la lucha por la libertad, la justicia social, la independencia y la soberanía”16. O como resumiría Gramsci, la única posibilidad de superar la crisis inmanente de la modernidad es uniendo ética y política y desarrollar la democracia. Pero cuando planteo la necesidad de la participación política de las mujeres no me estoy refiriendo sólo a su presencia en el poder estatal o legislativo. La relación de la mujer en términos de poder y liderazgo es muy compleja debido a acondicionamientos culturales. Según Julia Kristeva, un porcentaje significativo de mujeres que han accedido a puestos de dirección con las consabidas ventajas económicas, sociales y personales, muchas veces “se convierten en pilares de los regímenes existentes, guardianas de la situación, las protectores más celosas del orden establecido”17. Tampoco apunto sólo a la adecuación de una legislación más acorde con los tiempos. En los últimos años se han producido cambios en varios países de América Latina para que los partidos y agrupaciones mantengan una proporcionalidad en sus órganos de dirección tanto de hombres como de mujeres. En el Perú, se estableció en 1997 una modificación de la Ley de Elecciones Generales y Municipales que establece que las listas de candidatos deberán contener por los menos un 25% de mujeres. Al margen de los aspectos positivos de la ley y de la celebración que ha concitado, cabría recordar la situación que existe en países donde ya se han producido estas modificaciones; según un estudio presentado en Nueva Delhi a iniciativa de la Unión Interparlamentaria Europea, hace nueve años el porcentaje de las mujeres en los parlamentos alcanzaba el 14% mientras que en la actualidad es de 11.75%. Y es que muchas buenas intenciones quedan relegadas al papel, si es que no existe una participación que asegure el cambio de la sociedad en su conjunto18. 15 Oliver, ob. cit., p. 94. 16 Pablo González Casanova. “Paradigmas y Ciencias Sociales: una aproximación”. México. Dialéctica, No. 22, 1992, p. 24. 17 Julia Kristeva. Las enfermedades del alma. Barcelona. Editorial Pretextos, 1995, p. 198. 18 En el Perú, el Plan de Gobierno Municipal de Izquierda Unida presentó en 1987 un Programa por la igualdad de los derechos sociales y políticos de la mujer y el hombre, cuyo objetivo era garantizar a toda persona el desarrollo de sus derechos y deberes sociales sin ninguna distinción de sexo. Estimular un nuevo tipo de relación de pareja y familia, que permita al hombre y la mujer enfrentar en pie de igualdad la construcción de la nueva sociedad. Así como priorizar el reconocimiento de la dignidad de la mujer como persona con libertad y derecho a la participación social en igualdad de condiciones a las del varón. Significó, y es una buena propuesta, pero los avatares políticos no permitieron su realización.
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