Es interesante que nuestro país aparezca en un índice sobre el desempeño ambiental producido por dos instituciones líderes. De un lado, refleja la creciente importancia del tema no solo en la asignación de la cooperación internacional o la definición de políticas públicas internacionales, sino en el proceso de selección de destinos para la inversión extranjera directa. De otro, nos permite evaluar los avances o retrocesos en el desempeño ambiental, tanto como una aproximación a la evaluación interna de las políticas públicas relevantes como a la comparación con otros países similares. Los dos grandes objetivos sobre los que se calcula el índice, salud y vitalidad de los ecosistemas, permiten enmarcar el comentario sobre la agenda pendiente en materia ambiental en nuestro país. En lo que a salud se refiere, disponibilidad y calidad de agua, saneamiento y tratamiento de aguas servidas, así como calidad del aire, son los grandes temas en nuestro país. Acerca del agua, durante años optamos por básicamente no atender el problema, mientras que en el pasado reciente decidimos que la inversión y gestión públicas eran la forma de intervenir para amenguar la grave falencia. Por razones políticas, no quisimos apalancar masivamente inversión privada para acceder a la gestión privada en el sector. La evaluación independiente de Agua para Todos, el buque insignia de este esfuerzo, que algunos hasta intentaron que no se publicara, es bastante elocuente sobre lo que ocurre cuando se exige a quienes enfrentan incentivos políticos que actúen con celeridad. Respecto del aire, nos resistimos a gravar la contaminación con el Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles. Se utilizan argumentos de soberanía energética, entre otros, permitiendo a la principal empresa del país definir esta política y, con ello, contaminar a los niños más pobres. En lo que a la vitalidad de los ecosistemas se refiere, tampoco terminamos de ponerle el cascabel al gato. El Ministerio del Medio Ambiente aún no aprueba ni supervisa los Estudios de Impacto Ambiental que regulan a las empresas involucradas en los proyectos más visibles de nuestro país. El mayor daño ambiental ocasionado por migrantes andinos a la selva, además del que ocasionan los mineros ilegales, por ejemplo, parece que solo llegaran de vez en cuando al radar de la opinión pública. Hay al menos tres esquemas teóricos para enfrentar este tipo de problemas. Primero, definir derechos de propiedad adecuados y otorgarle el aprovechamiento del bosque, por ejemplo, a quien tenga incentivos para hacerlo sostenidamente. Segundo, dejar que negocien las partes y lleguen a una solución de Coase, lo que exige que se 583
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