Nacional de Teléfonos y Electro-Lima en los años noventa. El siguiente recuadro muestra la situación actual de las empresas públicas en el Perú. Recuadro 14.3 Perú: situación de las empresas públicas El MEF publicó el reglamento de la Ley 1031, que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado que, entre otros aspectos, permite la participación de capital privado en las empresas del Estado a través de la venta de acciones. El gobierno reglamentó el DL 1031, que «promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado». Creemos que la privatización de estas empresas contribuiría en mayor medida a la eficiencia, que algunos principios de la ley carecen de contenido y que algunos instrumentos de la misma son solo adaptaciones ingenuas de códigos de gobierno corporativo. No obstante, aplaudimos la iniciativa legal, que representa un importante paso en la dirección correcta. Tullock, Buchanan, Stigler y Becker, algunos de los principales exponentes de la teoría económica de la elección pública, sostienen que las empresas públicas tienden a ser mucho menos eficientes que las privadas porque enfrentan incentivos políticos. Es decir, actúan guiadas por consideraciones políticas, no responden a los incentivos de mercado. Para simular estos incentivos, se introduce mayor transparencia o se reduce la discrecionalidad de los políticos para influenciarlas, por ejemplo, mediante principios que aplica el DS 176-2010-EF, que reglamenta el DL mencionado. Para promover mayor transparencia, las empresas públicas o FONAFE, que las consolida, publicarán en la web: sus planes estratégicos para los próximos cinco años, los rangos de las dietas de los directores, sus estados financieros, los Códigos de Ética y Gobierno Corporativo, así como el informe anual de gobierno corporativo. Ya sea Servir o entidades o empresas especializadas en selección de personal elegirán al menos uno de los directores —que será(n) nombrado(s) por FONAFE— o seleccionarán y contratarán a los gerentes de las empresas públicas. Podrán tener directores independientes. La auditoría anual de las empresas públicas incluirá tanto una auditoría financiera como una de gestión. FONAFE aprobará criterios para evaluar la gestión del directorio, el cual evaluará a sus gerentes. La dieta de los directores incluirá un componente variable, en caso la «rentabilidad patrimonial» — definida como utilidad operativa sobre patrimonio neto y no utilidad neta, como es usual— supere 12%. La dieta variable se pagará en tres años y se perderá este derecho si la rentabilidad patrimonial es menor a 5%. Los dos principios de la ley —uno de los cuales está en la Constitución— que se incumplen son los siguientes. Primero, el de subsidiariedad —que formuló San Agustín, no un «neoliberal» como dicen algunos—, que sostiene que el grande no debería hacer lo que puede hacer el pequeño. Así, el Estado no debería producir petróleo, por ejemplo, si lo puede hacer una empresa privada. Segundo, la «separación clara entre el Estado propietario y regulador», que se vuelve a incumplir en el caso ya mencionado de Petroperú y el subsidio a los combustibles, por ejemplo. ¿Qué pasos adicionales se pueden dar? Los indicadores de desempeño de las empresas públicas y sus empleados deberían consolidarse bajo la reforma de gestión 477
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