Las tumbas de Macchu Picchu

Dodd había escogido bien sus palabras. Más allá de todo el potencial político que tenía el caso de Machu Picchu, el gobierno peruano seguía luchando por los objetos porque su pueblo le pedía que lo hiciera. La preocupación peruana por la historia precolombina del país es profunda; se remonta a tiempos coloniales, cuando las élites indígenas se esforzaban por mantener continuidades culturales y construcciones dañadas por la conquista española. Aunque los tesoros de los montículos funerarios fueran saqueados, la antigüedad de la ocupación indígena también se demostraba continuamente: el Perú había sido cuna de civilizaciones milenios antes de la llegada de los españoles. En Estados Unidos, el florecimiento de la arqueología decimonónica constituía básicamente de la necropsia de culturas americanas nativas que erróneamente se creían muertas. En el Perú, en cambio, la gran transformación institucional de la arqueología vino a inicios del siglo XX, cuando los peruanos lucharon contra el gobierno en defensa de los derechos comunales indígenas. Uno de esos peruanos fue Julio C. Tello, un arqueólogo de ascendencia indígena. Además de su sorprendente vínculo con la historia de Bingham, que no se conocía hasta que yo lo investigara, Tello también defendía los derechos de la comunidad andina en que se había criado. En el verano de 2010 visité su tumba, ubicada en el patio trasero del Museo Nacional de Arqueología y Antropología, a la sombra de una réplica de un obelisco que él había excavado en un templo de los Andes centrales. En el Perú, los museos no son solo instituciones científicas: son una mezcla de mausoleos y foros, lugares donde se recuerda a los antepasados mientras se discute sobre política. En un museo rural en el norte peruano —el museo del sitio Chotuna— que visité, lo hacían incluso mientras clasificaban sus cosechas de algodón. Son lugares donde el presente cosecha las semillas del pasado. A medida que avanzaba el año, el gobierno de García demostró que comprendía muy bien la fecundidad de la política arqueológica. Desde inicios de la década de 2000, el Instituto Nacional de Cultura había sido el motor del reclamo contra Yale, documentando obstinadamente la larga historia de los derechos legales que el Perú tenía sobre los objetos. En julio, el gobierno peruano anunció que el Instituto formaría parte de un nuevo Ministerio de Cultura, lo cual confirma que el legado cultural de Perú es tan importante para el país como sus relaciones internacionales, minería o medio ambiente. 333

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