Las tumbas de Macchu Picchu

residentes más humildes del sitio. Para ellos, la aparición de la orden ejecutiva de 1912 les puede haber parecido sospechosa, como si hubiera sido producida por conveniencia política. También era frustrante el hecho de que los peruanos involucrados ocasionalmente mezclaran el decreto de 1912 con el de 1916. Los arqueólogos de Yale sugirieron que el gobierno del Perú estaba usando los objetos con fines políticos, azuzando a la prensa al hacer insinuaciones en torno a los «tesoros» de Machu Picchu. Aunque la colección contenía algunos bronces, piezas de plata, ceramios y objetos de piedra verdaderamente delicados, no tenía nada que se comparara a los objetos de oro que habían sido saqueados de la costa peruana en las décadas de 1980 y 1990. Yale también insinuó que los museos de Perú no eran seguros, mientras que la universidad se acababa de comprometer a una muestra costosa, garantizando así su continua exposición551. Y también estaba el tema del tiempo: tal como lo presentarían Yale y sus abogados, el Perú estaba reclamando que Yale cumpliera un acuerdo después de casi un siglo de no haber presentado reclamo alguno. La historia, sin embargo, demuestra lo contrario. El Perú había pedido la devolución de los cráneos, huesos y objetos de Machu Picchu en ocasiones anteriores, y fue Bingham quien no había cumplido con hacerlo. El explorador realmente había dejado un esqueleto en el clóset de Yale: el decreto que requería la devolución de la colección. Además, la colección de Yale incluía los objetos que habían sido contrabandeados por peruanos pagados por Bingham. El reclamo peruano tenía más sustento histórico del que los mismos negociadores conocían. Al comienzo, los curadores modernos de Yale se rehusaron a reconocer la legitimidad de los decretos gubernamentales, pero no rechazaron del todo la posibilidad de alcanzar un acuerdo para compartir los objetos. Los preparativos para la muestra itinerante, entre tanto, seguían tal como estaba planeado; era difícil detenerla, considerando que el National Science Foundation le había dado al Museo Peabody una subvención de más de trescientos mil dólares para realizar la muestra 552 . Se podría haber llegado a un arreglo de no haber sido por el rechazo de los negociadores de Yale de la idea misma de que el Perú hubiera sido alguna vez dueño de los objetos, y la insinuación de que el Perú carecía de la capacidad o el deseo de cuidar los objetos tal como podía hacerlo Yale 553 . Durante años, los arqueólogos peruanos mostraron su fastidio cuando sus colegas norteamericanos sacudían la cabeza ante la lucha del país por proteger su 313

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