del presidente Augusto B. Leguía. Hiram había conocido al pequeño, esbelto y agudo presidente en 1909, y se horrorizó con cuán demacrado se le veía. Leguía había pasado los últimos dos años lidiando con una crisis tras otra. Había sido raptado por enemigos políticos armados. Su propio partido prácticamente lo había repudiado por haber firmado decretos que reformaban las leyes laborales. Mientras Bingham explicaba sus planes, el presidente se mostraba distraído. Estaba más preocupado por la reciente amenaza del gobierno británico de publicar acusaciones de que las compañías caucheras —administradas por peruanos pero financiadas por británicos— estaban esclavizando, abusando y asesinando a trabajadores nativos en las selvas orientales 155 . Estando en juego la reputación del Perú en el extranjero, Leguía se percató del beneficio que podría significar ayudar a la expedición científica extranjera. Le dio a Bingham autorización completa para explorar, exoneró de inspecciones a su equipaje y le entregó una carta de presentación que le garantizaba apoyo gubernamental y escolta militar a donde fuera. Leguía le advirtió a Bingham que la región a la que se dirigía —los valles de los ríos Urubamba y Vilcabamba— se había vuelto peligrosa últimamente. Tan solo unos meses atrás, los agricultores indígenas y recolectores de caucho se habían rebelado contra los terratenientes de la región. A lo largo de la sierra sur, los campesinos indígenas se estaban rebelando contra las élites. El gobierno en el Cusco había suprimido el alzamiento en el Urubamba, pero Bingham debía tener cuidado. El control que sobre el último refugio de los incas tenía el Estado era apenas un poco mayor al que ejercía en la época de Manco. Al ir con soldados, la expedición de Bingham ayudaría al gobierno peruano a extender su control sobre los indígenas del país. Tal como viera Bingham a la mañana siguiente, el Perú también tenía dificultades en cuanto a la arqueología. Tomó un coche a caballo al Museo Nacional, ubicado en el polvoriento Palacio de la Exposición. El Perú contaba con un museo desde su independencia, pero la falta de fondos le había imposibilitado monitorear y proteger las ruinas del país. Los controles gubernamentales también tenían un punto débil: la compra, venta o exportación de objetos arqueológicos no estaban restringidas. Era de público conocimiento que las tiendas alrededor de la Plaza Mayor vendían piezas, ya sean falsas o saqueadas, a los turistas156. El nadir llegó en 1881, durante la guerra del Pacífico, cuando soldados chilenos saquearon 111
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