aparato estatal como por ejemplo la transparencia en la gestión o el control en la ejecución de su presupuesto, entre otros. 1.2. La Policía Nacional y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Siguiendo la misma lógica de lo que se explicó al momento de tratar la relación entre las Fuerzas Armadas y el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, en el caso de la seguridad ciudadana también se necesita la participación conjunta de diversas entidades públicas. Efectivamente, la seguridad ciudadana viene a ser la acción integrada que lleva a cabo el Estado con la colaboración de la sociedad a fin de asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Busca también coadyuvar a prevenir la comisión de delitos y faltas. Como se puede deducir, se hace necesaria la participación conjunta de varios organismos y órganos públicos para la obtención de tal objetivo, cuyas funciones se deben articular de manera eficaz para promover la participación ciudadana y garantizar un clima de paz social. Para estos efectos, se creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), cuyo ente rector es el Ministerio del Interior. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana tiene una lógica intersectorial e intergubernamental, es universal y supone la participación necesaria de la sociedad civil. Forman parte de dicho sistema representantes de aquellos sectores del Poder Ejecutivo involucrados en la lucha contra la criminalidad como por ejemplo —aunque no únicamente— los sectores Interior y Justicia; de los organismos constitucionales que tienen a su cargo el despliegue de funciones que van a redundar también en el quehacer de esa lucha como son el Poder Judicial y el Ministerio Público; y de la sociedad civil, que para estos efectos actúa a través de las juntas vecinales, rondas campesinas, entre otros. Por su parte, la seguridad ciudadana como política de Estado supone adoptar medidas para la prevención, control y persecución de la violencia y el delito; la rehabilitación y reinserción social de los reos, y la atención a las víctimas desde una perspectiva legal, médica y psicológica. En este esquema, la Policía Nacional, que tiene a su cargo —conforme a la Constitución— el control del orden interno y es quien lleva a cabo las investigaciones criminales bajo la dirección del Ministerio Público, sin 65
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