La función policial es expresión del poder de policía del Estado, es decir, de aquella potestad del Estado que le permite adoptar medidas conducentes para asegurar y proteger la seguridad pública. Figuras como la detención, los controles migratorios o las intervenciones policiales en general ponen de manifiesto que se trata de una fuerza que incide físicamente sobre las personas y por ello permanentemente se evoca que su ejercicio debe ser razonable y conforme con los fines constitucionales. Y es que los derechos fundamentales que se ven expuestos en una intervención policial pasan desde la libertad personal hasta la integridad personal, por no mencionar que alguna situación irrazonable puede redundar incluso en una violación del derecho a la vida. Lo recientemente expuesto evidencia la necesidad de plantear límites tanto respecto de las condiciones que deben constatarse en la realidad para el ejercicio legítimo de sus funciones como en lo que concierne a su intensidad y a su duración en el tiempo. En efecto, sobre la base de que la defensa y protección de la persona humana, el respeto a su dignidad y a las garantías para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales tienen primacía en el ejercicio de la función policial, ésta no puede escapar tanto a determinados límites como a mecanismos de control adecuados que permitan hacer frente cualquier escenario de arbitrariedad. Se trata de dos exigencias ineludibles y que configuran el quehacer de la policía dentro de un esquema constitucional. Por ello y como no puede ser de otra manera, el ejercicio razonable de dicha cuota de poder y su uso de cara a los fines constitucionales antes mencionados forman parte de los pilares de la formación profesional del policía, y es lo que marca su carácter subordinado a la jerarquía institucional y, a su vez, al orden constitucional. De ahí que su formación académica es integral, de nivel universitario para oficiales y de nivel técnico para suboficiales, con énfasis en la disciplina, el mérito, el respeto irrestricto de los derechos humanos, la ética, el liderazgo y el servicio público. Sin embargo, aun cuando el sometimiento de la Policía Nacional del Perú a los lineamientos constitucionales se hace más patente en el despliegue de la fuerza pública que le ha sido confiada, no se puede dejar de mencionar que tal sujeción también encuentra correlato en la gestión administrativa y operativa de la institución. Bajo la lectura de la institución policial en un orden constitucional, ésta no puede dejar de observar aquellas mismas exigencias que se predican a otras instituciones del 64
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