La utopía republicana

CAPÍTULO 1. EL LEGADO CASTILLISTA La quimera ha ocupado el lugar de mi persona. Augusto Roa Bastos. Yo el Supremo En 1874, Gregorio Rozas, subprefecto de Anta (Cusco), le escribía una carta al presidente Manuel Pardo en la que lo ponía al corriente del panorama político de su pequeña provincia. En su misiva, Rozas señalaba como, «por desgracia», existían en la localidad bajo su mando dos o tres familias «esencialmente díscolas, subversivas y criminales», que se hallaban en permanente enfrentamiento entre ellas y contra las autoridades oficiales. Uno de los clanes más importantes, los del Castillo, estaba compuesto por treinta o cuarenta personas, entre padres, hijos y nietos. Su jefe, Germán del Castillo, fue diputado por Anta durante la gestión del general Ramón Castilla, y la mayoría de sus miembros, ex guardias nacionales, sirvieron en las pasadas administraciones de aquel militar. Como la nueva Guardia Nacional, reorganizada por el Partido Civil, no los incluyó, la facción andina, procastillista, había dado inicio a una serie de «abusos, crímenes y tropelías» contra los miembros del nuevo gobierno. La persistencia de la influencia de los allegados de Castilla en la vida política de la provincia cusqueña era relevada, con preocupación, por el diligente funcionario del régimen civilista52. Este capítulo tiene por finalidad evidenciar la trascendencia que tuvo el castillismo en la conformación del Estado y de la cultura política peruana. La lectura de la comunicación del subprefecto Rozas, anteriormente mencionada, evidencia cómo en el año 1874, casi treinta años después de la revolución que llevó a Castilla por primera vez al poder, pervivían en la alejada provincia surandina las redes de clientela tejidas por el vencedor de La Palma y Carmen Alto. El «Estado Patrimonial Castillista»53, nutrido con el dinero proveniente de las exportaciones guaneras, legitimizado por el discurso cohesionador del «bien común», esbozado por Bartolomé Herrera y cimentado sobre la base de múltiples y complejos acuerdos 56

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