invasor y el útil asesoramiento de algunos políticos limeños, se hizo evidente en el momento en que el «Presidente Regenerador» ocupó, unos meses después de la batalla de Huamachuco, el Palacio de Gobierno capitalino. Para hacerlo, sin embargo, fue necesario pasar previamente por la ceremonia ritual del Tratado de Ancón. Este, firmado en el balneario limeño de ese nombre el 20 de octubre de 1883 y redactado en su totalidad por el diplomático chileno Jovino Novoa estableció, dentro de sus cláusulas más importantes, no solo la cesión «perpetua e incondicional» a Chile «de la provincia litoral de Tarapacá», sino la posesión para ese país, por espacio diez años, de las provincias peruanas de Tacna y Arica491. Resulta obvio señalar que el Tratado de Ancón, además de legitimizar el despojo chileno al Perú, amputándole para siempre su provincia más rica, se constituyó, por los resentimientos regionales que propició, en el motivo fundamental de la sangrienta guerra civil que enfrentó algunos meses más tarde a la fragmentada clase política peruana. Luego de la partida de los últimos contingentes militares chilenos, solo la desolación y la miseria reinaban realmente, en la agónica República del Perú. La destrucción del aparato productivo nacional —como consecuencia de los innumerables cupos de guerra, los interminables meses de ocupación y resistencia— y la amputación territorial sureña eran, junto con el desgarramiento político y social, el triste balance de una guerra que había contribuido a abrir, aún más, las brechas sociales, políticas, económicas y regionales, que tradicionalmente habían dividido al país. El soterrado conflicto clasista, evidenciado durante la campaña electoral de 1878, y llevado a sus límites en «La Comuna» limeña de 1881 y en la terca negativa de las huestes indígenas caceristas de desarmarse, unido a la exacerbación de la fragmentación regional que sucedió a la escisión norteña de la causa unitaria promovida por Lima, pusieron de manifiesto que la salida de los chilenos del territorio peruano no cerraba el ciclo de los irresueltos problemas nacionales. En el dramático e intenso sexenio de 1878-1884, no solo habían fracasado todos los intentos políticos de construcción estatal ensayados por la clase dirigente peruana —estos se agudizaron y como consecuencia, las contradicciones internas de la sociedad que se buscaba organizar—, sino que como corolario de aquellos fallidos experimentos se habían perdido las bases materiales y de legitimidad simbólica que supuestamente debían servir de sustento para la organización nacional peruana. La titánica tarea política que sucedió a la 228
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