Pese a que la cuestión americana no concentró la atención de las Cortes, lo cierto es que la pacificación de las posesiones transatlánticas pronto se posicionó como uno de los negocios más importantes y graves que se le presentaron al gobierno de la Monarquía. Como aseguraba Porcel, sin ella, […] en vano se fatigará en gobierno en concebir grandes planes de prosperidad pública, de instrucción y de comercio; inútil sería todo cuanto se afanase en promover la agricultura, las artes y la industria: sin pacificación, sin quietud y sin orden, todos los esfuerzos son inoportunos e ineficaces, y en la marcha o retirada de un ejército en un día de combate, o en una asonada repentina, se verían desconcertados y desechos los proyectos más bien combinados (1871[1820], p. 56). Ahora bien, con esta memoria, leída en junio de 1820, ya se presentaba el rechazo de la posibilidad de aceptar cualquier solución al conflicto que no fuera el reconocimiento de la Constitución y de Fernando VII. De hecho, según señala Costeloe, «[…] ningún gobierno español anterior a mediados de la década de 1830 estaba dispuesto a aceptar la realidad de la pérdida del imperio [puesto] que se pensaba que la reunificación era una posibilidad real sino una probabilidad, ya fuera por medio de la reconquista o de alguna otra forma de reconciliación política» (1989, p. 37). Pero, al mismo tiempo, la intervención de Porcel resaltaba la difícil relación que se planteó respecto de la estrategia que debía adoptarse para conseguir dicha pacificación. Como se ha visto, el futuro promisorio que auguraba el restablecimiento constitucional no cerró en absoluto la puerta a la solución militar. De ahí que junto con el optimismo desplegado por el ministro, también se contemplase la negociación y se mantuviera en el horizonte la posibilidad muy concreta de reanudar el enfrentamiento con los rebeldes (Martínez Riaza, 2011). En esta línea, Porcel comenzaba encomiando la intención reconciliadora demostrada por Fernando VII, por el Consejo de Estado y por la Junta Provisional103, que se concretó mediante el cese de hostilidades, la decisión de enviar comisionados a América para negociar un acuerdo y la voluntad declarada de olvidar el pasado. Aquí no se puede soslayar que la Comisión de Ultramar de las Cortes propuso en 1820 una amnistía para los implicados en las revoluciones americanas, que se tradujo, luego del debate parlamentario, en un decreto que concedía el «[…] olvido general de lo sucedido en las provincias de Ultramar», siempre y cuando se reconociese el texto constitucional (Colección, 1821, pp. 143-144)104. Recuerda Porcel que con 84
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx