La independencia inconcebible

del fomento de la minería, y en suma, de cuantos ramos podrían convenir para la dichosa y descansada existencia de aquellos habitantes (1871[1820], p. 59). Por lo general, el reformismo tendía a plantearse en un terreno general, sin referir espacios territoriales concretos, salvo excepciones. Este es el caso del negociado de beneficencia, que comprendía las novedades de dos grandes apartados: caridad y sanidad. En el primero de ellos, el secretario Gil de la Cuadra, cuya memoria es la más exhaustiva en cuanto a la política americana, refería el proyecto de creación de juntas en todas las capitales de las provincias ultramarinas destinadas a componer y arreglar los mecanismos caritativos de manera uniforme. Se trataba de juntas que en una primera fase poseían un carácter informativo para facilitar la reglamentación de un proyecto general por parte de las Cortes que introdujera la hospitalidad domiciliaria. Este ministro también se centró en el problema de la miseria y la mendicidad que agobiaban a algunas de las ciudades americanas, asumiendo el fracaso de los hospicios y casas de misericordia. Por este motivo, el gobierno realizó una propuesta a Fernando VII, que aceptó el establecimiento de Casas de Amparo y encareció especialmente su cumplimiento a los jefes políticos de Ultramar. El objeto de dichas casas consistía en ofrecer trabajo a cuantos se presentaren en ellas, de modo que pudieran obtener un moderado jornal con el que alimentarse el día en el que tuvieran necesidad. En consecuencia, se dispusieron reglas para no incomodar a los demás artesanos, para la compra de materiales y la venta de los productos, y también se pautaron varios aspectos de la administración de esta novedad. Otro de los asuntos en los que el gobierno del Trienio se detuvo fue el arreglo de las cárceles, para lo cual se dieron numerosas disposiciones. Coincidiendo con el surgimiento de nuevas preocupaciones acerca de la función de las prisiones, que debían dejar de afligir, atormentar y provocar la desesperación en los detenidos, Gil de la Cuadra explicó que se había encomendado a los ayuntamientos que velasen por la seguridad y la salubridad, además de asegurar el aseo, la policía interior y la subordinación de los reos. También se les solicitó impartir alguna instrucción y planificar la realización de manufacturas sencillas para facilitar el sostenimiento de las cárceles y auxiliar a las familias de quienes permanecían en ellas. Según el secretario, el arreglo de las prisiones era uno de los asuntos que merecían considerarse con urgencia, por lo que solicitó que las Cortes le dieran un tratamiento diligente. 76

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