ostensible, y se supeditaba a la suerte de la mediación iniciada con los insurgentes en distintos territorios (Martínez Riaza, 2011). La acción militar se presentaba como una opción práctica y, sobre todo, plausible para cerrar la brecha abierta hacía ya más de una década (Costeloe, 1989, p. 114), y aún lo seguiría siendo hasta el final del período constitucional, cuando varios ministros, consejeros y miembros de las Cortes preservaban la esperanza y la creencia de que la reconquista era posible, para lo cual se enviaron refuerzos a La Habana. De cualquier modo, se trata de una idea que durante los años que analizamos se vio acompañada por la convicción, cada vez más extendida, de que la crisis americana no podía saldarse con el regreso de los rebeldes a la Monarquía hispánica, ni por la senda constitucional ni por medio de las armas. La memoria de Antonio Porcel es una auténtica síntesis de buena parte de las ideas de la élite política del segundo liberalismo en cuanto a su visión del constitucionalismo. Su texto se abre con una encendida exaltación de la caída del absolutismo, afirmando que esta circunstancia constituía un elemento eficaz para solucionar la crisis que estaba atravesando la Monarquía en sus territorios americanos. En este sentido, ponía especial énfasis en vincular el presente con la experiencia gaditana, señalando la convocatoria realizada a unas nuevas Cortes y, sobre todo, mencionando el decreto de 16 de abril de 1820 que mandaba observar todas las disposiciones de las Cortes generales relativas a América. Si el pasado absolutista era un capítulo de la Monarquía que ya no podía ofrecer una base para el acuerdo y el desenvolvimiento conjunto de los diversos componentes de la Monarquía, lo cierto es que la crisis provocada por la irrupción de un nuevo sistema de gobierno y por las revoluciones americanas no era una amenaza para el futuro del cuerpo político, sino más bien todo lo contrario. De hecho era tenida como una oportunidad de reconstruir la unidad transatlántica y de sentar las bases del bien público al que tendía un gobierno caracterizado como paternal. Así, para Agustín Arguelles, secretario de Gobernación, la situación vivida a mediados del año 1820 no era otra cosa que el momento de la «[…] renovación de nuestro ser político» y de consolidar el orden y las instituciones por medio de mecanismos de poder, como la libertad de imprenta y la Milicia Nacional. Una coyuntura en la que el rey deseaba «[…] hacer permanente y perpetuo este triunfo de la razón y de la verdad sobre las preocupaciones [de modo] de no dar lugar en lo sucesivo a las tinieblas del error y a sus fatales consecuencias» (Argüelles, 1871[1820], pp. 37-38). 70
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