desamortizaciones significó la caída de Martín de Garay en agosto de 1818. El Trienio Liberal, en 1820, volvía a retomar el debate fiscal con nuevos ímpetus (Fontana, 1978, pp. 165-177; De Haro, 2006, pp. 145148). Volviendo al Perú, el Protectorado se topó con importantes frenos que impidieron impulsar un verdadero proyecto reformista, optando finalmente por una política que evitase la conmoción. En palabras de Fisher: «El objetivo era no solo continuar la guerra, sino probar que la independencia podía proveer de buen gobierno —que podía encontrar trabajos para los letrados, satisfacer a la muy conmocionada élite y controlar a las clases bajas […]—» (2000, p. 257). Por una parte, se intentaba compensar el golpe sufrido con la noticia del retorno de la Carta gaditana elevando las aspiraciones liberales; pero, por otra, el novísimo Estado independiente se anunciaba con las menores estridencias con respecto al pasado inmediato. El Protectorado derivó pronto hacia la segunda opción. El régimen, salvo la expoliación de bienes y patrimonio en propiedad de españoles y un corto abanico de medidas de pronta corrección, procedió a una adaptación conservadora de las viejas prácticas y estructuras coloniales a la nueva realidad, y en este proceso la Hacienda no fue una excepción. El espíritu liberal quedó apenas circunscrito a la promulgación del Estatuto Provisional de 8 de octubre de 1821, la «libertad de vientres» y la abolición del tributo de los indios y del trabajo forzado. El resto de la acción política, incluida la libertad comercial en la que tanto avanzó Pezuela en sus últimos años como virrey, permitió de facto el traspaso de elementos sustanciales del régimen colonial. La «guerra boba» jugó un papel clave. El tiempo trascurrido entre el desembarco en Paracas, el 8 de setiembre de 1820, y la retirada de Lima por parte de La Serna el 6 de julio de 1821, permitió a San Martín consolidar la imagen de «verdadero libertador» político sin necesidad de desplegar violentas campañas militares. En paralelo, el virrey Pezuela fue caminando hacia el fracaso político y militar que desembocó en el pronunciamiento de Aznapuquio de 29 de enero de 1821. Sin embargo, el tiempo de la «guerra boba», que tan buenos frutos militares dio a San Martín, diluyó a su vez el incipiente ímpetu liberal. Cuando entró en Lima el 12 de julio de 1821 y convocó una junta de notables en el Cabildo para el día 15 del mismo mes en que se firmó el Acta de Independencia, las prioridades políticas pasaban fundamentalmente por garantizar el orden y la estabilidad. En el giro conservador jugó un papel central la radical 330
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