experiencia peninsular. En este sentido, se abrían las puertas con las que explorar iniciativas modernizadoras, también en las cuestiones económicas y hacendísticas. La Independencia significaba una oportunidad para llevar a cabo el tránsito hacia un Estado y una economía de nueva base más acorde con los tiempos en los que se articulaba el mundo moderno, y la guerra favorecía estas iniciativas en la medida en que resultaba más fácil retirar los obstáculos que representaban los referentes tradicionales. Era el momento de decidir el sistema de Hacienda que permitiera reunir regularmente ingresos con los que sostener ejércitos permanentes que hicieran frente a la guerra y mantuvieran el orden en el resto de los dominios peruanos. Estado, Hacienda y Ejército conformaban una trilogía indisoluble, en una coyuntura en la que el volumen de los gastos había crecido hasta tal punto que la única esperanza radicaba en una transformación económica y fiscal que implicase el progresivo desmantelamiento del viejo sistema de privilegios y abriese las puertas a un considerable crecimiento económico. En la experiencia española se tenía un posible referente de reforma hacendística. Las Cortes de Cádiz, en un contexto de crisis financiera sin precedentes con el país arruinado y en bancarrota, plantearon la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos mediante una reforma general del sistema tributario —«Nuevo Plan de Contribuciones Públicas»— que rescataba la idea ilustrada de la «Única Contribución», y que se concretó en un serio intento por catastrar la riqueza de Castilla que chocó con la oposición frontal de los estamentos del Antiguo Régimen. Tras el restablecimiento del absolutismo en España en 1814, la empresa reformista fue abandonada y la Hacienda del Antiguo Régimen trató infructuosamente de solucionar los problemas económicos y hacendísticos conservando las bases tradicionales513. Sin embargo, la situación en 1817 era insostenible y Martín de Garay, ministro de Hacienda, elaboró un plan general de Hacienda —«Sistema de Hacienda» de 30 de mayo de 1817— cuyos pilares fundamentales consistieron en la fijación de un techo de gastos, la habilitación de contribuciones extraordinarias con las que cubrir el déficit fiscal y la abolición de las rentas provinciales y su sustitución por una contribución general. En resumidas cuentas, Martín de Garay, junto a sus consejeros Antonio Barata y López Ballesteros, vinieron a proponer un plan de reformas que rescataba parcialmente la propuesta de las Cortes gaditanas. Sin embargo, la idea de atender la abultada deuda de más de 11 000 millones de reales en base a un programa ordenado y limitado de 329
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx