con Juan García del Río, ministro de Estado y Relaciones Exteriores, Bernardo José Monteagudo, ministro de Guerra y Marina, e Hipólito Unanue, ministro de Hacienda (Orrego, 2012, p. 240). San Martín, que no contó con el apoyo explícito de una parte importante de los grupos más influyentes512, inició su régimen sometido a la doble tensión de gobernar un país en el que el poder político estaba francamente segmentado y en el que la herencia recibida no era muy halagüeña, social y económicamente. Tanto San Martín como sus consejeros tuvieron desde el primer momento una noción clara de la naturaleza del problema, y comenzaron una acción de gobierno encaminada a crear un poder político centralizado sobre la base del acuerdo y el consenso con la élite local. Recién proclamada la Independencia, el 28 de julio de 1821, el gobierno del Protectorado se planteó la imperiosa necesidad de levantar una estructura estatal de nuevo cuño que pudiera hacer frente al desafío militar que suponían los ejércitos realistas acantonados en las regiones del centro y del sur, y articular políticamente el país. El abismo entre la Independencia y la nada empujaba a una rápida respuesta, y los ecos de la revolución liberal, reverdecidos en España de la mano del Trienio Constitucional (1820-1823), obligaban a definir un discurso político que fuese más allá de la simple sustitución de un viejo y caduco régimen colonial. Las primeras frases contendidas en la proclama escrita por Monteagudo y firmada por San Martín el 8 de setiembre, dirigida a los habitantes del Perú en Pisco, fueron de extraordinaria importancia: ¡Compatriotas! La Nación española al fin ha recibido el impulso irresistible de las luces del siglo. Ha conocido que sus leyes eran insuficientes para hacerla feliz, y que, en sus antiguas instituciones, no podía encontrar ninguna garantía contra los abusos del poder. Los españoles han apelado al último argumento para demostrar sus derechos; y, convencido el rey de su justicia, ha jurado la constitución que formaron las cortes de 1812, llamando a la administración pública a los mismos que antes habría proscrito por traidores. La revolución de España es, pues, de la misma naturaleza que la nuestra: ambas tienen la libertad por objeto, y la opresión por causa (Leguía y Martínez, 1972, II, p. 498). En estas breves líneas se concentraban tanto la contrariedad que supurieron en un primer momento para la Expedición Libertadora las noticias del retorno del constitucionalismo en España, como la necesidad de impulsar un programa liberal de carácter reformista en sintonía con la 328
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