[…] el honor de tantos oficiales distinguidos por su lealtad, sus grados y servicios [por lo que] no pueden consentir se dejen correr como exactas las ideas estampadas repetidamente por don Manuel, nos proponemos darle una contestación de tal manera circunstanciada, y apoyada con tantos y tan respetables documentos, que no pueda quedar alguna duda, ni el más leve escrúpulo siquiera de la fidelidad, de la prudencia, de la necesidad mismas con que obraron aquellos jefes del ejército nacional21. Los dos autores resaltaron que la ausencia de reclamación alguna contra el «oficio de intimación» de Aznapuquio por parte de las corporaciones y autoridades de la capital, incluso a sabiendas de que Pezuela no estaba preso sino que gozaba de «entera libertad», probaba el respaldo de la población a la medida. También presentaron como pruebas del acierto golpista el «descontento no disimulado por los enemigos del Perú en aquel continente, habiéndose llegado en los periódicos de Buenos Aires a publicar cuanto sentían esta mudanza». Asimismo, esgrimieron como respaldo el que «la obra tiene la aprobación de S. M., a cuya suprema autoridad se ha sometido por sus fieles súbditos de aquel importante estado, habiendo confirmado al general La Serna en sus funciones». A continuación, aseveraron que les habría gustado presentar más pruebas concluyentes aportando la documentación oficial que originó su misión a la metrópoli, pero que esta tuvo que ser «echada al agua por nosotros al tiempo de apresarnos un corsario en las inmediaciones del Janeyro». Pero esta contrariedad no fue un impedimento para que Valle Umbroso y Seoane resumieran las pruebas que dicha información perdida: primero, que Pezuela había sacrificado la causa española en el Perú a sus intereses de familia; segundo, que la autoridad depuesta había suministrado indirectamente a San Martín los medios de invadir el virreinato; tercero, que los dos ejércitos del Perú tenían una opinión absolutamente desagradable de su máximo jefe; cuarto, que Pezuela desconocía los adelantos que requerían las milicias en circunstancias de gravedad como la que se vivía; quinto, que estando convencidos los habitantes de Lima de su próxima perdición y ruina no quedaba otro arbitrio que el adoptado en Aznapuquio para salvar y prolongar la existencia del virreinato. Finalmente, los representantes de La Serna en España sugirieron a las autoridades que, lejos de permitirse que el exvirrey Pezuela prosiguiera en su campaña de injurias a los jefes militares que le depusieron, se le juzgase de acuerdo con las leyes civiles y militares por poner al Perú «al borde de un precipicio». 31
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