río y, con ello, la disponibilidad de agua en la ciudad y para el riego de su campiña. Para potenciar la minería, Tarma requería la creación de escuelas especializadas y mejoras en las labores mineras. Puno pretendía centralizar en la ciudad la recaudación fiscal minera y la creación de un banco de rescate y pedía favorecer la agricultura altiplánica y surtir de forma gratuita a los agricultores con hierro para sus aperos de labranza. Trujillo, en defensa de la pequeña minería, instaba a abrir a la venta al por menor del azogue estancado; y Pataz, mejorar la financiación de los mineros. Huamanga sugería la inversión de los impuestos a la minería en el fomento de la región y la creación de una Junta Departamental de Minería que permitiera revertir las rentas en el progreso provincial. Huancavelica se decantaba por defender el desarrollo de su minería, limitar la competencia del mercurio de Almadén y lograr un espacio de representación en el Tribunal de Minería para sus azogueros (Povea, 2010, p. 178). Lima y Pataz coincidían en requerir permiso para acuñar «moneda provincial» que favoreciera el comercio local y regional. El estímulo de la agricultura, en especial en zonas de frontera agrícola, estuvo presente en varias instrucciones. Chachapoyas incluyó la necesidad de reformar el sistema de estanco de tabaco y su libertad de cultivo; mientras que Huamanga mostró interés en que se resolvieran los conflictos generados a raíz del proyecto de regularizar la propiedad en el valle del río Apurímac y la devolución de los cocales a sus antiguos usufructuarios, liberalizar el acceso a la propiedad de los bosques tropicales de Huanta, la exención fiscal durante diez años a las producciones de parcelas rozadas por primera vez, la rebaja de las alcabalas al 4%, y que los subdelegados les facilitaran operarios, aunque fueran delincuentes con leves penas de destierro. Desde el punto de vista de las instrucciones que pudieran socavar el ordenamiento del Antiguo Régimen y sentar las bases de un nuevo orden liberal, consideramos que la petición de mayor calado fue la relativa a la rebaja de réditos de los censos consignativos del 5% al 3%. Para RieuMillan (1990, p. 184) se trató de la principal reivindicación de las regiones andinas en lo relativo a la agricultura expresada durante el primer liberalismo. La petición fue incluida en las instrucciones que dieron a sus diputados los cabildos de Arequipa, Cuzco, Huamanga, Huancavelica y Trujillo (Hamnett, 1978, pp. 126-128; Rieu-Millán, 1990, p. 25)439, un tema que también defendieron diputados de Chile y Charcas. Sin embargo, 281
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