Un espacio significativo de las instrucciones fue dedicado a describir el estado de los asuntos eclesiástico, como en el caso de Huamanga, y a pedir cambios en su gestión, tanto en lo que afectaba al clero secular como regular. La inquietud de Tarma era reordenar determinadas demarcaciones parroquiales, y desde Huamanga se solicitaba el aumento del número de prebendados de su catedral y un convento de la orden de San Felipe Neri. Trujillo reclamaba la reforma de sus conventos y que de los siete existentes en la ciudad (cinco masculinos y dos femeninos) solo subsistieran los que tuvieran ocho o más religiosos. Puno, preocupada por la reducción de indios infieles en Carabaya, reivindicaba un convento de Propaganda Fide in situ438, ya que la región dependía del existente en Moquegua, en la provincia de Arequipa. La realidad indígena no estuvo ausente de los intereses de las ciudades cabeceras provinciales. Huamanga pedía el cese de los consejos particulares indios y, en su lugar, que se incorporara por ley al menos un indio en las corporaciones municipales. Puno y Tarma solicitarían que se restableciera el tributo indígena, cuestión en la que no hubo unanimidad ya que Lima se decantó por su abolición definitiva. Tarma defendía que antes de ser transferidos los bienes de comunidad en arrendamiento o cedidos en administración privativa, debía contarse con el visto y bueno preceptivo de las comunidades o de los administradores de la Caja General de Censos. Las reformas fiscales y el fomento de la economía ocuparon un lugar relevante entre las instrucciones de varias ciudades. Lima solicitó eliminar impuestos en las aduanas internas y que solo se mantuvieran en los puertos y en la capital. Arequipa defendía la libertad de comercio como medio para que prosperara su agricultura; y Lima lo hacía en el sentido de buscar la eliminación de trabas entre los distintos puertos americanos. En parte, las demandas reflejaban la necesidad de cambios o la reacción ante la crisis ocasionada por la apertura de la ruta del Cabo de Hornos, que en palabras del diputado por Piura, José Antonio de Navarrete, había dejado la economía de Trujillo reducida a la agricultura y ganadería, con una hacienda provincial en declive desde que las flotas a Panamá ya no dinamizaban el comercio regional. Las peticiones de inversiones en infraestructuras estuvieron asociadas a villas portuarias, como las solicitadas por Trujillo, o a la irrigación, como en el caso de Piura, que pedía obras de riego para aumentar el caudal del río y, con ello, la disponibilidad de agua en la ciudad y para el riego de su campiña. 280
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