poder constituirse en cabildo pleno, a raíz de sendos informes del intendente Manuel Quimper y del virrey Abascal que dejaban entrever la colaboración de la ciudad con los insurgentes cusqueños (1814-1816). La demanda de dotación de propios y arbitrios a pueblos y ciudades fue una constante en las instrucciones de varias ciudades que pedían acrecentar sus fondos con nuevas tasas: Piura al comercio de aguardientes, vinos, manufacturas y algodón, además de recuperar el impuesto de la sisa sobre el ganado; Arequipa a la fanega de maíz destinada a producir chicha y a la coca comercializada en la ciudad. Si tales ingresos podían tener un propósito genérico, en otros casos se mencionaba su objetivo finalista: en general financiar hospitales y escuelas municipales. Así, Puno y Trujillo solicitaban la restitución de sus antiguas rentas a los hospitales de San Juan de Dios y Santa Ana, respectivamente; y Arequipa, Puno y Tarma pedían la creación de escuelas de primera letras en sus pueblos, para lo que Tarma solicitaba destinar los impuestos al juego y diversiones públicas. Vinculada a lo anterior estuvo la demanda de Hipólito Unanue como «procurador de la Provincia de Arequipa» para difundir la vacuna en los once pueblos de su jurisdicción, argumentando la carencia de ingresos institucionales. La descentralización judicial fue defendida desde las provincias de Arequipa y Trujillo. En el norte, Piura reclamaba la potestad de nombrar dos procuradores judiciales, cuyo examen fuera competencia del propio ayuntamiento; y Trujillo convertirse en sede de una nueva Audiencia. Arequipa, a su vez, demandaba el traslado en beneficio propio de la Audiencia del Cuzco o, en su defecto, instalar en esta ciudad una de sus salas. Las prácticas de buen gobierno estuvieron en la agenda política de no pocos cabildos. Tarma pedía evitar el traslado de los subdelegados mientras no hubiera concluido su juicio de residencia, y Puno reivindicaba el nombramiento para dichos cargos de sujetos competentes. Arequipa, por su parte, se manifestó partidaria del reconocimiento de la igualdad de oportunidades en la administración estatal entre americanos y peninsulares. Un espacio significativo de las instrucciones fue dedicado a describir el estado de los asuntos eclesiástico, como en el caso de Huamanga, y a pedir cambios en su gestión, tanto en lo que afectaba al clero secular como regular. La inquietud de Tarma era reordenar determinadas demarcaciones parroquiales, y desde Huamanga se solicitaba el aumento del número de 279
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