grandes curatos, sobre todo los de Juli, Yunguyo y Acora en Puno y Siquani en Cuzco, junto a otros en Lima, Huamanga, La Paz, La Plata, Cuzco y Santa Cruz de la Sierra431. A pesar de lo antedicho, sería ya en pleno absolutismo cuando los diputados peruanos destacarían en su labor en favor de sus provincias. Poco después de disolver las Cortes el 17 de junio de 1814, Fernando VII, siguiendo la propuesta de Miguel de Lardizábal y Uribe, ministro del Despacho Universal de Indias, autorizaba a los diputados americanos para que siguieran en la Península y defendieran ante las instancias pertinentes las peticiones de sus respectivas provincias432. Entre los peruanos, algunos solo se dieron por enterados, como José Miguel del Castillo o Dionisio Inca Yupanqui; otros aceptaron la invitación y se mantuvieron activos en defensa de los intereses de sus ciudades y provincias, concretamente aquellos que habían recibido instrucciones claras de los cabildos antes de partir a Cádiz433: Mariano Rivero e Hipólito Unanue (Arequipa), Juan Antonio de Andueza (Chachapoyas), Martín José de Mujica (Huamanga y Huancavelica434), José Bernardo de Tagle y Francisco de Paula Valdivieso (Lima), José Antonio de Navarrete (Piura), Tadeo Gárate (Puno), Pablo González (Tarma), y Gregorio Guinea y José Miguel de Castillo (Trujillo)435. Sus demandas fueron de la más diversa índole, pero podríamos resumirlas en la búsqueda de beneficios y reconocimiento de méritos para sus cabildos, la consolidación de los gobiernos locales y la dotación a los ayuntamientos de propios y arbitrios que permitieran financiar sus competencias —educativas, sanitarias, beneficencia pública—, la introducción de prácticas de buen gobierno e igualdad de oportunidades para americanos y peninsulares, la reforma de la administración eclesiástica, la descentralización de la gestión e impartición de la justicia y la educación superior, y cambios en los sistemas impositivos y fomento de la economía436. El análisis de las peticiones nos ha permitido reconstruir, en lo posible, las instrucciones de los cabildos a los diputados electos en 1810437 y las de las provincias a los que lo fueron en 1813. Varios cabildos solicitaban la concesión de prebendas o el reconocimiento de su lealtad. Así, Puno y Huamanga se creían merecedores del título de leal y fiel, y los regidores de Arequipa del apelativo de excelencia y el uso de uniforme. Solo esta lograría su objetivo en 1818 y por el contrario Puno vería denegada su demanda y la adjunta de 278
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