Un largo interregno de un año separó esa primera decisión de los debates que se iniciaron en el seno de la Diputación Provincial de Puno a partir de agosto de 1822 ante la casi inmediata partida en setiembre de los diputados, tal y como había previsto La Serna. En primer lugar, se consultó al ayuntamiento de la capital, que manifestó la inexistencia de propios para costear a los diputados404. En consecuencia, se volvieron a considerar las alternativas propuestas un año antes, desistiendo de «cualquier contribución personal por encapitación», que aparte de Su «odiosidad» entraría en contradicción con otras cargas excepcionales destinadas a sufragar los costos bélicos. También desestimaron recurrir al tomín del hospital, ante el temor de tener que cubrir la cantidad detraída con otros recursos inexistentes, y ello a pesar de que la R.O. de 25 de febrero de 1813 y la de 16 de junio de 1820 daban pie a disponer de recursos, ora del estanco del tabaco, ora de cualquier ingreso disponible de la Hacienda Nacional. Por consiguiente, se pedía a la comisión de fondos públicos de la Diputación Provincial que buscara ingresos distintos a los impuestos por la Hacienda Nacional, que fueran además arbitrios de pronta y fácil recaudación y se incluyeran diversas cantidades gestionadas por las autoridades provinciales405. Finalmente, se llegó a un acuerdo que incluía enviar a Madrid solo a dos diputados con el importe del remate de los bienes del obispo de La Paz, 2520 pesos disponibles para la fundación de capellanías, 2000 pesos de las rentas anuales de los bienes de comunidad, los cánones de las haciendas Titiri, Llallagua y Chuquibamba, los remanentes de los donativos forzosos exigidos a los indios en 1818, las contribuciones extraordinarias proporcionales a la riqueza y del 10% a las utilidades de haciendas y trapiches impuestos, respectivamente, en 1818, 1819 y 1820, además de las deudas pendientes del vicario de Azángaro o del subdelegado de Lampa relativas, respectivamente, a la gestión de las Bulas del bienio 1820-1821 y de los arbitrios del partido406. En noviembre de 1822 el diputado Sebastián Benavente, militar destinado en Charcas y conocedor de la difícil situación de las finanzas peruanas, pedía sus dietas, pero de entrada aceptaba cantidades en torno a los 2500 o 4000 pesos, en lugar de los 8000 pesos estimados como necesarios. Para entonces ya había partido el Telégrafo, por lo que atendiendo a la opinión del virrey no se consideró oportuno abonarle dieta alguna, ni siquiera por su desplazamiento desde La Plata o su estancia en la ciudad de Puno en espera de proseguir su viaje. La Diputación Provincial consideró textualmente que «le sería doloroso no remitir a 270
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