miembros habían salido de Lima (así se lo comunicaba Villar de Fuente a San Martín el 2 de agosto de 1821) y solo diecisiete de los que permanecieron firmaron la declaración de independencia (Anna, 2003, p. 242). Entre los que se quedaron después de pedir dispensa para mantenerse en el Tribunal estaban el exprior Matías de Elizalde, Antonio Álvarez del Villar, el excónsul Francisco Xavier de Izcue, Pedro Abadía, José María de Aguirre y Juan Ignacio Mendizábal297; luego, algunos solicitarían y obtendrían carta de ciudadanía peruana, mientras que otros optarían por regresar a la Península. El 7 de marzo de 1822 un decreto del Protectorado disponía que el Tribunal pasara a llamarse Cámara de Comercio del Perú. Simultáneamente, el Consulado de Lima maniobraría ante las instancias centrales de la Península a través de su apoderado en la Corte, Antonio Ruiz de Asúa, que en setiembre de 1821, cuando ya las negociaciones con San Martín se habían diluido, demandaba que fueran enviados «los dos navíos que están decretados y una fragata además... para evitar los riesgos que amenazaban»298. El ministro de Marina, Francisco de Paula Escudero, escribía al secretario de Ultramar respondiendo a la solicitud del Consulado. El rey estaba de acuerdo porque una expedición al Pacífico era indispensable para la conservación «de aquellas interesantes provincias»; sin embargo, la decisión tomada el año anterior se había retrasado debido a la falta de medios, según lo expuso al secretario de Ultramar en oficio reservado de 6 de enero de 1821. De todos modos, el monarca mantenía la intención de enviar tres navíos, una fragata y algún buque menor. No estaría de más, añadía el ministro, que el Consulado de Lima contribuyera299. Antonio Ruiz de Asúa se daba por enterado y hacía notar que el Consulado tenía los mejores deseos de colaborar300. Pero no sería el de Lima, sino el Consulado de Cádiz, el que mantendría viva la antorcha de que se concretara la tan prometida expedición naval, una expectativa que había alimentado a lo largo de 1820 y para la que había ofrecido préstamos301. 3.3. Esto es una guerra: la posición de los altos jefes militares Los altos oficiales, con José de Canterac, Gerónimo Valdés y Andrés García Camba a la cabeza, se mostraron opuestos a negociar en Miraflores y también en Punchauca. Entendían que, ante el avance de la insurgencia, la vía a seguir para defender los dominios españoles era la de las armas302. Eran para entonces el grupo de poder con mayor fuerza y, sin formar parte 180
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