(2003, pp. 343-345), poder permanecer en Lima, no porque aceptaran el cambio, sino porque sus intereses estaban en el Perú286. Tras la salida de La Serna, la Real Audiencia de Lima cesó en sus funciones. El día 21 de julio el exregente Francisco Tomás de Ansótegui dirigió una carta a San Martín, notificándole que entre los magistrados había cuatro peninsulares y tres criollos que deseaban colaborar con el nuevo régimen y contribuir al establecimiento de las nuevas instituciones. El 23 de julio, el general solicitaba a Francisco Javier Moreno que los magistrados siguieran despachando de forma provisional, y así lo hicieron. Un decreto de 4 de agosto instaló por poco tiempo el nuevo poder judicial del Protectorado, la Alta Cámara de Justicia (Ramos & Gálvez, 2008, pp. 226-227). Pezuela estaba dispuesto a cumplir las órdenes peninsulares, pero no a someterse a las imposiciones que venían del interior, especialmente de un Ayuntamiento constitucional elegido el 7 de diciembre a pesar de su reticencia287. Por ellos, las negociaciones de Miraflores fueron escenario de tensiones. El 16 de diciembre el virrey recogía la solicitud de 72 ciudadanos notables para que se volvieran a abrir conversaciones con San Martín. Se mostraban preocupados porque el enemigo estaba en las inmediaciones de la ciudad y era inminente un enfrentamiento que solo traería horror y confusión. Eran partidarios, incluso, de una capitulación honorífica antes que de llegar a las armas288. El Ayuntamiento constitucional respaldó la representación de «ciudadanos respetables de esta capital» para que se reabrieran las negociaciones interrumpidas en Miraflores, en la confianza de que esta fórmula pudiera detener los furores de la guerra. El Ayuntamiento nombraría un diputado que representara a la ciudad289 cuando se reanudaran las negociaciones. La respuesta del virrey fue inmediata. Las negociaciones de Miraflores y la correspondencia que mantuvo con el «General Enemigo» eran prueba de sus esfuerzos para llegar a la conciliación. Si el acuerdo no pudo producirse fue porque los enemigos se negaron a cualquier transacción que no reconociera la independencia, algo imposible cuando en Lima se había jurado la Constitución que sentaba las bases «de los derechos sacrosantos del ciudadano y la felicidad de la España Europea y Ultramarina». El mismo 16 de diciembre otros ciudadanos, conocedores de la iniciativa anterior, pedían a Pezuela que no hiciera concesiones a una minoría ciudadana que no representaban a una urbe de setenta a ochenta mil habitantes de todas clases, ni a una guarnición de probada fidelidad y 177
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