Heras en el Cuzco, ofreciéndose incluso a acompañarle208. Pereyra y La Robla le respondían valorando todos sus esfuerzos. También ellos habían hecho cuanto estaba de su parte y habían remitido la información a S.M. y al virrey; pero, al tener conocimiento del decreto de 1 de octubre, en el que el rey derogaba la Constitución, habían tomado la resolución de cesar en su cometido y trasladarse a Montevideo209. El 10 de febrero de 1824 La Serna ordenaba a Espartero regresar al Cuzco, «porque circunstancias particulares impiden en el día se abran nuevas proposiciones». Esas circunstancias tenían una triple lectura. Por un lado, a comienzos de febrero se había producido el motín de tropas rioplatenses acantonadas en el Callao, lo que abriría la posibilidad de la ocupación realista de Lima durante meses; por otro, Olañeta se había sublevado a finales de enero, abriendo un frente de consecuencias irreparables para el mantenimiento del virreinato. En tercer lugar, y con carácter extraoficial, había sabido que en España se había vuelto al absolutismo. La historiografía insiste en que La Serna conoció el cambio político a través de Olañeta, pero también fueron Pereyra y La Robla los transmisores. Mientras esperaban el resultado de las conversaciones entre Espartero y Las Heras, recibieron un diario de Río de Janeiro, de 21 de noviembre de 1823, con la reimpresión del Manifiesto del rey del 30 de setiembre donde anunciaba el fin del sistema liberal, sobre lo que informaron al virrey el 10 de diciembre. Inmediatamente después les llegó una Gaceta de Madrid que insertaba el decreto de 1 de octubre, «anulando todo lo practicado por el gobierno constitucional», circunstancia que, de nuevo, trasladaron a La Serna el 12 de enero de 1824, «a quien suponíamos tratando de la execución de la Convención Preliminar»210. El problema de competencias volvía a explicitarse una vez más. Entre los papeles que les envió Espartero había una Proclama del virrey a los habitantes del Perú, expedida en el Cuzco el 12 de noviembre de 1823, en que se refería a Pereyra y La Robla como «los que se titulan comisionados de nuestro gobierno supremo, residentes en Buenos Aires». Esta fórmula les ofendió porque significaba que La Serna no les reconocía como legítimos comisionados del rey, frente a lo cual se pronunciaron. A la vista del contenido de la Proclama, se veían obligados a hacerle ciertas consideraciones porque valoraban su pericia militar, su tino en la ejecución de los asuntos y, sobre todo, su filantropía. La primera, que si no se habían comunicado más asiduamente y habían enviado copias y no originales de 148
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