estaba prevista, el que la Convención se hiciera extensiva a las demás provincias del Río de la Plata, así como a los gobiernos de Chile y el Perú, y que se celebraran tratados de paz y amistad entre España y los Estados del continente americano. Pereyra y La Robla no pondrían trabas, pero sí lo haría La Serna. Los puntos dos, tres y seis trataban sobre el Perú: se determinaba que el general de las fuerzas españolas conservaría las posiciones que ocupaba en el momento de ser notificado de la existencia del convenio; también se restablecían las relaciones comerciales entre «las provincias de la Monarquía española, las que ocupen en el Perú las armas de S.M.C., y los Estados que ratificasen la Convención durante el tiempo que durase la suspensión de hostilidades»; y ni las autoridades realistas [sic] del Perú ni los Estados limítrofes impondrían al comercio de la parte contraria más contribuciones que las que ya existiesen. El último de los artículos disponía que, una vez que el gobierno de Buenos Aires fuese autorizado por la Junta de Representantes para ratificar la Convención, se negociaría la adhesión de las provincias y los gobiernos de Chile y Perú. Al tiempo que se desarrollaban las conversaciones, Pereyra y La Robla preparaban un informe para el gobierno central sobre la situación del Perú. Incidían en las consecuencias de la derrota del general patriota Alvarado en Moquegua, noticia que había impactado de tal modo en Lima que el gobierno y el Congreso llegaron a plantearse entrar en convenios con La Serna. Sin embargo, la llegada al poder de José de la Riva Agüero produjo un cambio de rumbo y se procedió a levantar un gran ejército para enfrentarse a los españoles200. El 7 de julio, ya firmado el convenio, añadían una razón para abundar en su conveniencia: que no perjudicaría a las armas del rey en el Perú. No tenían noticia a tiempo real de que, por entonces, estaba en marcha la segunda «campaña de Intermedios», al mando del general Andrés de Santa Cruz (mayo a octubre de 1823), que se resolvería a favor de los realistas y durante la cual Canterac ocuparía Lima201. Pero, sobre todo, lo que estuvo en juego en la relación entre La Serna y los comisionados fue la cuestión de la autoridad. Pereyra y La Robla envolvían sus notas en un discurso protocolario y no dejaban de reconocer la superioridad del jefe político superior en el territorio americano, pero no perdían ocasión de hacerle ver que eran ellos los designados por el rey para negociar y los que, de hecho, tenían las posibilidades para hacerlo. 144
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