gobiernos establecidos en las provincias disidentes de Ultramar a oír y recibir sus proposiciones y transmitirlas a la metrópoli; y, como las Cortes ordinarias, por otro decreto del 28 de junio, habían dispuesto que dichos comisionados pudiesen ir autorizados para celebrar tratados provisionales de comercio. Los comisionados a Nueva España, Guatemala, Buenos Ayres y Costa Firme ya habían salido para sus destinos. Solo restaba nombrar a los que debían ir cerca de los gobiernos establecidos en el Perú, «lo que se verificará tan luego como las fuerzas marítimas destinadas a esos mares vayan a dar la vela». El rey, cumpliendo lo dispuesto por las Cortes y «lo que exige el bien de la Nación», procuraría nombrar a personas «de conocida ilustración y amor a la patria». No obstante, previendo que por distintas razones las comisiones no llegaran a los resultados que se esperaban, el secretario de Guerra adelantaba que en las instrucciones se contemplaba que, en caso de que se llegara a armisticios, los comisionados debían obrar de acuerdo en todo con los jefes militares193. Poco antes, el Ministerio de Ultramar pedía al ministro de Guerra que remitiera copia de la última carta, al parecer del 5 de febrero de 1822, enviada por el general La Serna. Justificaba esta petición el desconocimiento de lo que pasaba en el Perú en momentos en los que había que concluir y remitir inmediatamente las órdenes o instrucciones para los comisionados que debían pasar a América, según lo determinado por las Cortes194. En octubre de 1822 se ponía en marcha una operación naval encomendada a Ramón Martínez Campos, del batallón de Burgos, expedicionario en el Perú, que se prolongaría durante la «Década Ominosa» y que formaría parte del envés de la trama de la política española. El secretario de Guerra, Miguel López Baños, explicaba meses más tarde que en noviembre de 1822 su ministerio había nombrado a Martínez Campos para una comisión importante y reservada a América, de la que informó por oficio a la Secretaría de Hacienda para que se le adelantaran dineros, a cuenta de sus haberes, con los que pagar su viaje. Inmediatamente, el 19 de ese mes, se instruía al intendente general militar para que verificase ese pago a la mayor brevedad posible; pero, como la salida de Martínez Campos a cumplir su comisión era urgente, no se pudieron seguir los trámites marcados y el capitán de navío José Ignacio Colmenares le anticipó cinco mil cuatrocientos reales bajo un recibo provisional195. 142
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