La respuesta de La Serna llegaba desde el Cuzco tres semanas después, el 8 de agosto de 1822. Al contrario de lo anunciado por San Martín, aseguraba que eran los españoles los que controlaban la guerra, la cual habían llevado en los términos más humanamente posibles; en cualquier caso, advertía que no podía tomar unas decisiones que correspondieran al «gobierno supremo» y, por la misma razón, no podía reconocer como interlocutor al Congreso Constituyente. A su regreso de Guayaquil, San Martín se daba por enterado de la imposibilidad de la transacción pacífica y, ya decidida su salida del Perú, reiteraba que la independencia era irreversible porque así lo exigía la voluntad de los pueblos. Era la última vez que trataba con el virrey sobre la negociación187. No parece que los esfuerzos de La Serna por comunicarse con la Corte tuvieran el éxito deseado, a pesar de que envió correspondencia a los ministros con competencias sobre los asuntos del virreinato. La Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú imprimía cartas de la Península de finales de febrero, recibidas en Río de Janeiro con fecha de 22 de mayo de 1822. Las cartas confirmaban que el régimen constitucional continuaba en España y que a finales de 1821 el gobierno, siguiendo lo aprobado por las Cortes, había decidido no enviar comisionados «a conferenciar con los caudillos rebeldes», los cuales lamentarían no poder contar con otro Abreu [sic] que «protegiera descaradamente sus miras inicuas». Por fin, sabía que en las sesiones del 12 y 13 de febrero del «presente año» (1822) las Cortes habían decidido no reconocer la independencia de ningún punto de los dominios ultramarinos y que se preparaba en Cádiz la escuadra destinada al Pacífico para «proceder al exterminio de la revolución y de los revolucionarios»188. Al Cuzco llegaban noticias de los acontecimientos peninsulares a través de periódicos americanos. Así, la Gaceta de Gobierno Legítimo del Perú acudía al Patriota de Guayaquil, de 15 de junio de 1822, para difundir la decisión de enviar comisionados tomada por las Cortes el 12 de febrero de 1822, pero insistiendo en que tanto el legislativo como el gobierno español habían rechazado los tratados de Córdova, firmados entre el general O’Donojú e Iturbide en Nueva España, y que era su voluntad que se supiese en América que España no abandonaba su derecho a las posesiones de Ultramar y que se trataría de mandar refuerzos, a la mayor brevedad, a todos los puntos que aún mantenían relación con la Madre Patria189. 140
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