rioplatense si lo hubiese, pero, si continuaban los enfrentamientos, habría que hacerlo con las provincias por separado. Era fundamental convencer a la opinión pública y, para ello, los comisionados llevarían ejemplares de la Proclama del Rey a los Habitantes de Ultramar y de la Constitución; de igual manera, los comisionados se entenderían con el general en jefe del ejército del Alto Perú, que estaba autorizado por Pezuela para adoptar las medidas que considerara oportunas140. Para que pudiera obrar con solvencia, Pezuela adjuntaba a Ramírez la real orden reservada del 11 de abril y la Instrucción arreglada a dicha real orden (se refería a las del 15 de abril que la desarrollaban). Le hacía llegar, además, el poder para los diputados, cuyos nombres había de rellenar Ramírez; el oficio a San Martín, invitándole a la negociación; la copia del oficio que le pasó el embajador del Janeiro el 2 de junio sobre esta materia, a fin de que Ramírez supiera que, por su parte, había hecho la gestión en el Río de la Plata; además de ejemplares de la Proclama del Rey a los Habitantes de Ultramar y del Manifiesto de la Junta Provisional de Madrid a los Españoles (Pezuela, 1947, pp. 778-779). Al tiempo que se dirigía a Ramírez, Pezuela se dirigía también al gobierno peninsular comunicándole que había nombrado comisionados al vicario general del ejército, Mariano de la Torre Vera, al oidor honorario del Cuzco, José María Lara, y al coronel Juan Mariano de Ibargüen, a los que instruyó para tomar contacto y actuar coordinadamente con el general Juan Ramírez, acantonado en Arequipa; es decir, sería finalmente el virrey el que designaría a los diputados141. El tercer interlocutor del circuito era Casa Flores, al que a finales de noviembre le hacía una síntesis de todo lo ocurrido, remitiéndole a las reales órdenes del 9 de junio y 3 de julio según las cuales debía atenerse a las instrucciones que le llevaran los comisionados para Chile, que debían estar en Panamá, dificultados en su viaje por el bloqueo naval de las fuerzas marítimas insurgentes, debiendo él mismo nombrar dos o más comisionados para las provincias del Alto Perú ya que no llegarían los comisionados que el rey había destinado a esas provincias. Volvía, además, sobre Miraflores reiterando el discurso del 11 de setiembre sobre el cumplimiento de Su «obligación» de manifestar las intenciones pacíficas del monarca antes de emprender cualquier operación militar y sobre cómo acordó con San Martín la suspensión de hostilidades. Seguidamente, admitía que nada se había conseguido porque la otra parte no había querido admitir otra cosa que no fuera la independencia política 125
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